El grupo de Junts per Catalunya en el Parlament trata de frenar los proyectos de ley de Esquerra y de los comunes que quieren retirar los beneficios fiscales al proyecto del Hard Rock de las comarcas de Tarragona y entorpecer, de ese modo, que salga adelante. El pleno del Parlament aprobó esta semana que las dos leyes se fusionen en un solo redactado y que se tramiten por la vía rápida, por lectura única, con el voto favorable de PSC y la CUP así como de los grupos que registraron los proyectos.
La formación de Carles Puigdemont ha registrado una enmienda a la totalidad y la prevé solicitar un dictamen al Consell de Garantias Estatutàries, un órgano consultivo cuyo informe sobre la legalidad del proyecto de ley no es vinculante. Sin embargo, el hecho de solicitar ese dictamen, que se puede reclamar hasta el martes de la semana que viene y una vez se registre hay siete días hábiles para su elaboración, deja en suspenso la tramitación de la normativa, que con el guion previsto de inicio se iba a aprobar de forma definitiva en el pleno de la semana que viene. Dado que hay un parón navideño y que finaliza ahora el periodo de sesiones en el Parlament, la normativa no volverá al pleno hasta finales de enero.
Los posconvergentes argumentan para pedir dicho informe que el cambio normativo que se impulsa ahora es un cambio de condiciones puede causar inseguridad jurídica ya que se modifica el coste económico del proyecto.
Junts ha sido firme defensor de ese proyecto, como también lo era el PSC. No obstante, los socialistas catalanes dan apoyo a las propuestas de los republicanos y los comunes para cumplir con el acuerdo que permitió la investidura de Salvador Illa.
La portavoz del grupo, Mònica Sales, apunta además que la decisión “afecta económicamente y socialmente a las comarcas del Camp de Tarragona y también a las cuentas de la Generalitat, ahora que ya se ha realizado un concurso público y una adjudicación que han generado compromisos económicos y jurídicos”.
Cabe recordar que el proyecto del Hard Rock fue el pretexto para poner fin a la legislatura pasada, puesto que los comunes se negaron a apoyar las cuentas públicas del a la sazón presidente catalán, Pere Aragonès, que en ese momento, tras la entente con los socialistas, no ponían coto a ese macroproyecto. Al no poder aprobar los presupuestos, el dirigente republicano convocó elecciones anticipadas.
