Si el Gobierno quiere negociar con Junts los presupuestos generales del Estado del 2026, primero debe “pagar lo que debe a Catalunya”. En estos momentos, esta es la posición del grupo parlamentario de Miriam Nogueras de cara a las posibles conversaciones que pueda abrir en las próximas semanas la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, para intentar convalidar el proyecto de ley presupuestario que el Gobierno se ha comprometido a presentar. Para Junts, la no ejecución de los presupuestos en Catalunya acumulada durante los últimos años eleva el precio de la negociación.
Según los cálculos que maneja Junts, el Estado no ha ejecutado en Catalunya unos 6.255 millones desde el 2015. Las cifras de la Intervención General del Estado (IGAE) desvelan que, en efecto, una parte reseñable del gasto presupuestado en Catalunya por el Estado durante los últimos años no ha sido ejecutado. Ese déficit de ejecución se ha ido haciendo mayor ejercicio a ejercicio. Durante el 2023, año en el que entraron en vigor los últimos presupuestos aprobados, y el 2024, en el que se prorrogaron, en Catalunya se estimó una inversión de 2.276 millones en cada ejercicio. Sin embargo, apenas se ejecutaron 456 millones, en el 2024, y 1.028 millones, en el 2023. Si se echa la vista más atrás, esas cuantías aumentan. En el 2022 se ejecutó el 43% de lo presupuestado; en el 2021, el 36%; y en el 2020, el 73%.
Para Junts, estas cifras representan un agravio, más si se compara la ejecución presupuestaria en Catalunya con la de Madrid. En la comunidad madrileña, la ejecución alcanzó en el 2023 un 212% de lo que se presupuestó. No fue un hecho puntual. En el 2022, llegó al 180% y en el 2021, al 184%.
Fuentes de Junts optan por no realizar declaraciones en este momento en el que la relación entre la formación liderada por Carles Puigdemont y el Gobierno no atraviesa su mejor momento. Sin embargo, el portavoz económico de Junts en el Congreso, Josep Maria Cruset, sí avisó al Ejecutivo central hace unas semanas de que no habrá presupuestos del 2026 “sin cumplir” con Catalunya.
En el 2024, la negativa de Junts a aprobar el objetivo de déficit provocó la retirada del proyecto presupuestario
Junts defiende, por tanto, que, si Catalunya no “cobra” los presupuestos anteriores, no se va a sentar a hablar de los del 2026. Para la formación de Puigdemont, los catalanes no han “cobrado” un 42% de lo que tenían que haber “percibido”. Según las cifras que manejan, de los 13.784 millones presupuestados por el Estado para Catalunya entre el 2015 y el 2023, la ejecución asciende a 7.528 millones, un 58%.
Otro dato reseñable que maneja Junts para justificar su posición es el relativo a la financiación por habitante. Cada catalán ha percibido (cifra de ejecución media anual) 108 euros, mientras que a cada madrileño le corresponde una ejecución de 217 euros.
Hay que recordar que Junts es socio de investidura, pero no ha aprobado ningún proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Las últimas cuentas públicas convalidadas en la Cámara Baja datan del 2022 y fueron apoyadas por el PSOE, Unidas Podemos, ERC, PDECat, PNV, Bildu, CC, Más País, Compromís y PRC. El hemiciclo en esta legislatura es muy diferente y la mayoría parlamentaria depende de Junts.
Hacienda es consciente del grado de no ejecución presupuestaria de los distintos ministerios en Catalunya. Sin embargo, argumenta que las comunidades autónomas han recibido en los últimos años los mayores recursos de la historia. El pasado mes de julio, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley que contempla que las comunidades autónomas recibirán este año 147.412 millones en concepto de entregas a cuenta, un 9,5% más que en el 2024. A esa cantidad hay que sumar 11.692 millones de la previsión de liquidación del 2023, lo que permite una financiación total récord de 158.167 millones para este año.
El grupo catalán, que no ha aprobado ningún presupuesto de Sánchez, eleva el listón de la negociación
El Gobierno aún no ha contactado con Junts para tantear su posición de cara al proyecto de ley presupuestario. Tampoco lo ha hecho para negociar los objetivos de déficit, que han de convalidarse en el Congreso de los Diputados como paso previo a los PGE (el techo de gasto es responsabilidad del Ejecutivo y no tiene que pasar por el Parlamento). Hay que recordar que el año pasado, en junio, Junts ya tumbó, junto a los votos de PP y Junts, el planteamiento fiscal que aprobó el Consejo de Ministros. El Ministerio de Hacienda fijó un déficit para las comunidades autónomas del 0,1%, y el grupo parlamentario catalán exigió que ese margen fuera mayor. Montero no aceptó. El Gobierno llegó a llevar en una segunda ocasión, en septiembre, los mismos objetivos de déficit al Congreso, y ante la segunda negativa de Junts tuvo que retirar a última hora la tramitación para no perder otra votación. A partir de ese momento, Hacienda renunció a presentar los presupuestos del 2025.
Los otros acuerdos incumplidos
Cuando se habla de los incumplimientos del PSOE con Junts de lo pactado en Suiza salen siempre en primer lugar cuestiones mediáticas de primer orden como el hecho de que el catalán no sea oficial en la Unión Europea, que Pedro Sánchez no se haya reunido con Carles Puigdemont o la cuestión económica y el déficit de inversiones, entre otras. Pero hay una batería de medidas más concretas que no acaparan titulares y que están encalladas, como la publicación de las balanzas fiscales –pendiente desde hace casi dos años–; desclasificar más documentación sobre los atentados del 17-A; garantizar la atención en catalán en las líneas ferroviarias que pasan por Catalunya; la creación de un aval a cuenta del Estado para los casos de impago del alquiler; facilitar datos de ejecución presupuestaria territorializados; traspasar a la Generalitat la gestión de interventores y secretarios de los ayuntamientos; incluir a la patronal catalana en el Consejo Económico y Social; medidas de apoyo a los autónomos; permitir a los ayuntamientos el uso de remanentes; establecer un tipo del 0% en el impuesto sobre el valor de producción eléctrica cuando no hay déficit de tarifa del mismo; evitar el uso del fraude en las prestaciones de paternidad cuando los hijos están en el extranjero; garantizar la cuota de catalán en la administración de justicia; que los jueces de paz tengan competencias para celebrar bodas civiles; activar los recursos económicos para las personas con ELA a través de las comunidades; compensaciones para el sector ganadero por el tratamiento de purines, o bien reconocer la solución de continuidad jurídica de la Federació Catalana de Rugby, suspendida durante el franquismo. El pleno del Parlament dio cuenta de todo ello el jueves pasado en una resolución de JxCat que salió adelante con la adhesión del PSC. / Iñaki Pardo Torregrosa
