Junts intenta poner coto a la subida de la tasa turística que han pactado PSC, Esquerra y los comunes en el Parlament de Catalunya, una medida que podría aprobarse en la Cámara a finales de febrero. El grupo que encabeza Mònica Sales ha registrado enmiendas al proyecto de ley que duplica dicha tasa con el objetivo de que solo suba en temporada alta y que se aplace dicho incremento un año más, de modo que entre en vigor dentro de tres años en lugar de dos para que el sector del turismo se pueda adaptar a esta nueva realidad, según argumentan desde JxCat.
El paquete de enmiendas, difundido hoy por los posconvergentes, prevé que Barcelona tenga la consideración de temporada alta todo el año, mientras que la Costa Brava, la Costa Dorada y el Pirineo contarían solo como temporada alta en los meses de verano. El resto de meses del año entrarían en el grupo de la temporada baja, una catalogación que se asignaría al resto de Catalunya durante todo el año. Este punto persigue favorecer el turismo rural y la desestacionalización en toda la geografía catalana, razonan los de Carles Puigdemont.
El acuerdo entre las tres formaciones antes mentadas, que registraron esta semana un paquete conjunto de enmiendas tras varios meses de negociaciones, prevé duplicar la tasa turística que cobra la Generalitat a los establecimientos hoteleros, de manera progresiva y en dos años. Aunque en la capital catalana, de aprobarse ya los cambios normativos, la subida entraría en vigor el 1 de abril. En otros lugares a finales del 2027. Junts quiere una moratoria de un año más.
El diputado Joan Canadell, según un comunicado del grupo de JxCat, reclama una tasa turística “razonable” y “pensada municipio y municipio”, ya que “no se puede gobernar el turismo desde un despacho sin tener en cuenta la realidad del territorio”. “No toda Catalunya vive el turismo de la misma manera”, agrega el parlamentario de JxCat.
Las enmiendas de JxCat contemplan también que haya cierta autonomía municipal para aplicar recargos y que el 70 % de la recaudación de esta tasa se destine directamente a la financiación de los municipios, mientras que el pacto de PSC, ERC y comunes contempla destinar a políticas de vivienda el 25% de la recaudación, un aspecto que los de Puigdemont rechazan.
