“Queremos decidir sobre el modelo, resolver sobre permisos de residencia de corta y larga duración, sobre reagrupación familiar, sobre órdenes de expulsión, sobre lengua catalana y sobre el control de fronteras”. El expresident Carles Puigdemont, cuando dio un toque de atención al Gobierno de Pedro Sánchez la semana pasada desde Bruselas por lo que Junts considera incumplimientos de sus acuerdos, detalló qué exige su partido en la negociación de la delegación integral de competencias de inmigración a la Generalitat. A ello hay que añadir asuntos como los permisos de trabajo.
La formación insiste en que el traspaso tiene que ser real y recalca siempre que no basta con una mera “encomienda de gestión”. “Delegación no es encargar la gestión y el trabajo sucio a la Generalitat”, insisten.
De todos modos, aunque el expresident hizo referencia a las órdenes de expulsión, desde el partido matizan siempre que eso es competencia de los jueces. Lo que sí que quiere hacer JxCat una vez tenga las competencias es legislar en la materia desde el Parlament y poder incidir más en la materia. En ese sentido, el expresident apuntó que en una primera fase la administración catalana tiene que utilizar la normativa del Estado y después “la que pueda aprobar” la Cámara catalana.
De hecho, en documentos de trabajo de Junts sobre la materia ya se apunta que “para completar el traspaso” y acabar de desplegar las competencias es preciso que se apruebe una ley catalana.
La formación posconvergente aboga por impulsar legislación catalana una vez la Generalitat tenga las competencias
Hace poco más de una semana el Gobierno apuntaba a la posibilidad de que el asunto se cerrara en cuestión de días o incluso horas, pero Junts advirtió que todavía quedan “flecos importantes” y fuentes consultadas señalan que esperan una respuesta de los socialistas. “Hemos avanzado mucho en la parte administrativa, pero en la parte nuclear y política, la que tiene que ver con el reconocimiento del rol de Catalunya, no hemos avanzado nada”, reveló al respecto Puigdemont, que también dijo que el desacuerdo tiene que ver “con los conceptos delegación e integral”. La cuestión está encallada porque el Gobierno no quiere ceder la capacidad de decisión sobre los permisos a la Generalitat.
Antes de que acabe el año, según lo acordado por PSOE y Junts, debe haber acuerdo sobre el redactado de la ley orgánica que facilite el traspaso al amparo del artículo 150.2 de la Constitución.
La cuestión migratoria es una prioridad para Junts y ocupaba un lugar preeminente bajo el epígrafe de “reto demográfico” en los documentos del congreso que celebró el partido a finales de octubre. “Queremos que haya un antes y un después en la política migratoria, nos jugamos mucho como país en esa cuestión”, explicitó en esa línea el expresident.
Ante opiniones como las de Vox y Aliança Catalana –especialmente esta fuerza puede pescar en el caladero de JxCat–, que sitúan la inmigración como un problema, Junts señala que “el problema está en la falta de herramientas y recursos para gestionarla” e integrarla a la catalanidad. Por ello, propone “un modelo de derechos y deberes” por el simple hecho de estar empadronado en Catalunya.
JxCat propugna que se tenga que acreditar el conocimiento del catalán “en un plazo de tiempo razonable”
En concreto, la formación propugna un nuevo “contrato social” y un “modelo catalán de ciudadanía basado en derechos y deberes” a través de un nuevo pacto nacional que, según apuntan, tiene que ser “elemento básico que vertebre el compromiso de integración y de respeto a los valores cívicos y conocimientos lingüísticos y culturales que definen” la sociedad catalana. En ese apartado, más allá de introducir la obligatoriedad de aprender catalán, también se quieren incluir “valores cívicos” vinculados a las sociedades occidentales como la democracia o la igualdad entre hombres y mujeres. “Es una integración cívica, no una asimilación cultural”, dicen fuentes del partido.
Una de las medidas que se recogen es que las personas migrantes tengan derecho “a recibir clases gratuitas de catalán en todas las franjas horarias y cada día de la semana”. Quieren que “aprender catalán sea un deber y se tenga que acreditar su conocimiento en un plazo de tiempo razonable”. “Eso garantiza el derecho a ser atendido en catalán a todos los ciudadanos”, añaden. También engloban en ese apartado a los expats y nómadas digitales de Barcelona.
En la campaña electoral del 12-M, Puigdemont ya dio algunas pistas y habló entonces de “corresponsabilizar” a las empresas de que las personas recién llegadas aprendan catalán. “Hay que corresponsabilizar a a las empresas que van a buscar la mano de obra. No se pueden desentender de una responsabilidad que afecta a un derecho fundamental como la opción lingüística, reconocido por la ley”, apuntó el expresident, que, sin dejar de lado este asunto, quiso desvincular de forma clara la delincuencia multirreincidente del fenómeno migratorio.
Sobre el ámbito lingüístico, en el Estatut se señala que todos los ciudadanos tienen “el derecho y el deber” de conocer el catalán y el castellano y que los poderes públicos “deben establecer las medidas necesarias para facilitar el ejercicio de estos derechos y el cumplimiento de este deber”.
Por otra parte, los posconvergentes pretenden que los Mossos d’Esquadra y las policías locales sean la policia de referencia para las personas que llegan y que la administración sea la Generalitat y no el Gobierno. “Cuando alguien entra en Catalunya la policia que tiene que ver es la catalana, la lengua que tiene que aprender el catalán y el país que tiene que respetar y saber que lo pisa es Catalunya”, dijo esta semana en el pleno del Congreso Miriam Nogueras.
A todo ello, se añade la petición de crear una agencia integral que se convierta en ventanilla única de la administración catalana para gestionar todo lo relativo a la cuestión migratoria y también que sea el ente de referencia entre el ámbito local y la Generalitat. A día de hoy el Govern tiene una creada jurídicamente pero nunca ha operado.
