Los grupos parlamentarios de Junts y PP han registrado este miércoles, cuando vencía el plazo, una solicitud de informe al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre la ley de los comunes que quiere vetar la compra de vivienda especulativa y que, de entrar en vigor, restringiría la compraventa de pisos en las zonas tensionadas en determinados supuestos.
La petición de informe al órgano consultivo catalán que dictamina sobre la legalidad y constitucionalidad de las leyes paraliza la aprobación de la norma que estaba prevista para este jueves. El dictamen del CGE no es vinculante, pero retrasará como mínimo hasta octubre la aprobación de una ley que los comunes sacaron como contrapartida por apoyar los primeros presupuestos de Salvador Illa y que se tramita por lectura única, saltándose varios pasos.
Posconvergentes y populares coinciden en denunciar en su solicitud de informe que la proposición de ley vulnera el derecho a la propiedad y la libertad de empresa; que genera inseguridad jurídica; y que se quiere modificar una normativa reservada al derecho civil por la vía administrativa y urbanística. En Junts agregan que la ley afecta también a la libre circulación y establecimiento de personas, bienes y servicios.
En cambio, difieren en otros puntos: Mientras JxCat denuncia que se vulnera el principio de autonomía local, el PP considera que el cambio legal no puede hacerse a través de la legislación autonómica.
En el texto original, se veta la compra para todo el mundo que ya tenga una residencia en una zona tensionada. Las enmiendas de PSC y Esquerra Republicana, en cambio, abogaban por prohibir solo la compra a los grandes tenedores, los que tienen cinco o más viviendas.
Cuando se habló de esta ley por primera vez hace unos meses, en febrero, el PP catalán ya avanzó que si se aprueba en la Cámara catalana presentarán un recurso en el Tribunal Constitucional.
