Sean Dunn, un hombre de 37 años residente en Washington, lanzó un bocadillo contra un agente federal al grito de “fascistas” y se convirtió en un símbolo de la resistencia contra la toma federal de la capital de Estados Unidos. Tras su detención, el 13 de agosto, comenzaron a aparecer pósteres y grafitis de la escena en las paredes de la ciudad, así como videos alabando al héroe local en numerosas cuentas de redes sociales. Ahora su caso ha vuelto a ganar protagonismo: no solo es el símbolo de la oposición popular, también del desafío judicial al creciente autoritarismo del presidente Donald Trump.
Este martes, los fiscales federales no lograron convencer a un gran jurado para que acusara formalmente a Dunn por un delito grave de asalto contra la autoridad. Los miembros del jurado, compuesto por ciudadanos anónimos de Washington, no dieron la razón a la fiscalía, que en este tipo de casos suele salir con una imputación, pues controla la evidencia que se le presenta al jurado sobre el caso.
Un hombre camina frente a carteles al estilo de Banksy que muestran a un manifestante lanzando un sándwich.
Se trata de la última derrota judicial de este tipo para la Administración Trump desde que se quedó con el control de la policía metropolitana y desplegó en la capital a 3.100 soldados de la Guardia Nacional y otros centenares de agentes federales de inmigración. Pero es la más más mediática, porque altos funcionarios hablaron públicamente del caso ejemplarizante e incluso la Casa Blanca difundió imágenes del arresto de Dunn, llevado a cabo por agentes fuertemente armados en su domicilio.
Ahora que el jurado ha rechazado la imputación por delito grave, la fiscalía podría buscar presentar el caso como un delito menor, que no requiere de acusación formal para su procesamiento. Según la denuncia, Dunn –que trabajaba de asistente legal del departamento de Justicia y fue despedido tras el incidente– arrojó un sándwich contra un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que patrullaba junto a otros agentes federales en un vecindario del noroeste de Washington lleno de bares y restaurantes.
Este tipo de casos normalmente se tramitan en la jurisdicción local, pero, desde que tomó el control de la seguridad y militarizó la ciudad, la Administración Trump los está procesando desde el nivel federal y la fiscal principal de Washington, Jeanine Pirro, ordenó a su personal presentar los cargos más severos posibles en cada caso.
Según la Quinta Enmienda de la Constitución, los cargos que conllevan penas de más de un año en prisión deben ser aprobados por un gran jurado compuesto por al menos 12 miembros. Este mes, se han producido más de 1.000 arrestos en las calles de Washington, la mayoría con acusaciones graves, y cerca de la mitad de los detenidos son inmigrantes a los que se acusa de permanecer ilegalmente en el país.
La fiscal principal de Washington, Jeanine Pirro, ordenó a su personal presentar los cargos más severos en cada caso
Antes de que los fiscales fracasaran en su intento de imputar a Dunn, otro gran jurado se negó en tres ocasiones a procesar a una mujer de Washington acusada de agredir a un agente del FBI. Días después, una jueza federal, Zia M. Faruqui, dijo que un arresto en el noreste de Washington fue precedido por “la búsqueda más ilegal que he visto en mi vida” y describió otro arresto como carente de “dignidad humana básica”.
“Diría que vivimos en un mundo surrealista ahora mismo”, afirmó la magistrada en una audiencia sobre el caso de Christian Enrique Carías Torres, un repartidor de comida a domicilio que fue reducido por agentes federales enmascarados al salir de una cafetería con un pedido, y cuyo video se viralizó por las redes sociales. “Esto no es consistente con lo que entiendo que Estados Unidos debería ser”, dijo la jueza al acusado. “Deberías ser tratado con dignidad humana básica. No tenemos una policía secreta”.
No es habitual escuchar críticas de este tipo por parte de los jueces, y menos habitual aún es que los miembros de un gran jurado se nieguen a emitir una acusación, pues tan solo requiere que encuentren “causa probable” de que se cometió un delito, el nivel más bajo de evidencia en el sistema legal. Pero, en la nueva normalidad de Washington, este tipo de disensos se está volviendo cada vez más común. Y casos parecidos se dieron en Los Ángeles, donde grandes jurados han rechazado repetidamente acusaciones de personas arrestadas por protestar contra las redadas migratorias de Trump.
Los grandes jurados en ciudades demócratas están emergiendo como un ejemplo de resistencia frente a las medidas cada vez más punitivas del presidente. En Washington, cerca del 95% de los residentes votaron a Kamala Harris en las elecciones presidenciales del pasado noviembre, por lo que es esperable que muchos de ellos se opongan a imputar a los detenidos por los agentes federales enviados por Trump.
