Kilmar Abrego García, el salvadoreño residente en Maryland y deportado en marzo por un error administrativo a El Salvador, ha sido finalmente devuelto a Estados Unidos, donde se enfrentará una imputación por dos delitos penales federales relacionados con el tráfico de indocumentados. Sus abogados han denunciado en una rueda de prensa un “abuso de poder” y aseguran que los cargos han sido “totalmente inventados” para seguir criminalizándolo y evitar la orden del Tribunal Supremo que obligaba su retorno.
“Abrego García ha aterrizado en EE.UU. para enfrentarse a la justicia”, ha confirmado la fiscal general, Pam Bondi, en una rueda de prensa desde el departamento de Justicia, en Washington. “Era un traficante de personas, mujeres y niños”, ha sentenciado, citando la imputación, presentada este viernes por un gran jurado de Tennessee. Su retorno al país se produce tras una orden de arresto presentada por EE.UU. a El Salvador.
La imputación permite a Trump evitar la orden judicial que obligaba a retornar al inmigrante y seguir criminalizándolo
La deportación del salvadoreño se convirtió en un ejemplo paradigmático de la discrecionalidad de las políticas migratorias de Donald Trump y de su desprecio por la separación de poderes. A pesar de que una orden judicial del 2019 prohibió explícitamente su deportación a El Salvador, donde podía enfrentar persecución, la Casa Blanca desoyó la sentencia y lo expulsó junto a otros 200 inmigrantes bajo la ancestral ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
Poco después, una orden del Tribunal Supremo, dictada por unanimidad, mandó al Gobierno a “facilitar” su regreso para ser liberado en EE.UU., pero la Casa Blanca se negó a hacerlo, asegurando sin aportar pruebas que formaba parte de la pandilla MS-13. Trump se amparó en sus tatuajes, que expertos en este tipo de bandas criminales desmintieron que estuvieran relacionados con ellas.
Finalmente, el departamento de Justicia ha presentado una acusación formal por dos delitos relacionados con el transporte ilegal de extranjeros indocumentados con fines lucrativos. La demanda, presentada este viernes en un tribunal federal de Tennessee, acusa al salvadoreño y a otras personas de haber traído a EE.UU. a miles de inmigrantes indocumentados de varios países centroamericanos, “muchos de los cuales eran miembros y asociados de la MS-13”.
Esta solución, planeada en secreto, permite a la Casa Blanca evitar la confrontación legal y, a la vez, seguir criminalizando a Abrego García, aunque los delitos de los que se le acusa deberán ser demostrados. Uno de sus abogados, Simon Sandoval, ha denunciado en una rueda de prensa que esta medida supone un “abuso de poder”.
“Hace dos meses, el Tribunal Supremo ordenó al Gobierno que facilitara el regreso de Kilmar Abrego García, que facilitara su liberación de la custodia en El Salvador y que se asegurara de que su caso se manejara como se habría manejado si no hubiera sido enviado indebidamente a El Salvador. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que eso no es lo que ocurrió hoy”, ha lamentado Sandoval. “Lo que ocurrió hoy es un abuso de poder, es exactamente lo opuesto al debido proceso, porque el debido proceso significa la oportunidad de defenderse antes de ser castigado, no después”.
“El señor Abrego García va a defender con firmeza los cargos en su contra”, ha confirmado el abogado, asegurando que los cargos han sido “completamente inventados”. Sandoval ha asefgurado que planea reunirse con él lo antes posible, pues “ha estado completamente incomunicado durante todo el tiempo que estuvo en El Salvador. No se le permitió recibir visitas de su abogado. Ni siquiera se le permitieron llamadas telefónicas”.
Simon Sandoval, abogado de Kilmar Abrego
“Lo que ocurrió hoy es un abuso de poder, es exactamente lo opuesto al debido proceso. Significa la oportunidad de defenderse antes de ser castigado, no después”
La Administración había reconocido en sede judicial que su deportación se había producido por un “error administrativo”, pero después cambió de posición y la justificó asociándolo a la pandilla MS-13, que había sido declarada organización terrorista por la Casa Blanca, por lo que en su opinión entraba en las competencias de la ley de Enemigos Extranjeros.
En El Salvador, fue encarcelado en la prisión de máxima seguridad del CECOT, inaugurada por el presidente Nayib Bukele para encarcelar a las maras del país centroamericano. En su reunión con Trump en el despacho oval, el presidente de El Salvador también rechazó de pleno devolverlo a EE.UU.
Tras semanas desoyendo a los tribunales, la Casa Blanca finalmente lo traerá de vuelta al país para enfrentar lo que se le negó desde el principio: un proceso judicial. Sin embargo, este proceso no tratará sobre su deportación, sino sobre los cargos de los que la Administración Trump le acusa.
Esta nueva situación no lo protege de una futura deportación. El Gobierno ya avisó que, en caso de que volviera a EE.UU., sería deportado a otro país distinto de El Salvador, pues la orden del 2019 solo impedía que fuera expulsado a su país de origen.
Abrego García no tiene antecedentes criminales, ni hay ninguna evidencia de que sea un pandillero; de hecho, emigró a EE.UU. de manera irregular cuando tenía 16 años, en el 2012, precisamente huyendo de las bandas criminales, que estaban extorsionando a su familia. Ante el escándalo nacional que implicó su deportación indebida, la Casa Blanca publicó en. abril una serie de documentos que considera evidencia suficiente de que es un criminal. En realidad, uno de los archivos difundidos por el Departamento de Justicia es un expediente policial del 2019 en el que unos agentes determinaron que Ábrego García era miembro del MS-13 por la ropa que llevaba puesta.
“Llevaba una gorra de los Chicago Bulls y una sudadera con capucha con rollos de dinero que cubrían los ojos, las orejas y la boca de los presidentes en las distintas denominaciones. Los agentes saben que esa vestimenta es indicativa de la cultura de las bandas hispanas”, se lee en el documento policial.
Tras su detención, fue entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y ese mismo año un juez de inmigración determinó que no podía ser deportado a El Salvador porque allí su vida corría peligro. La Casa Blanca obvió deliberadamente ese dato cuando lo expulsó el pasado 16 de marzo junto con otros 200 inmigrantes, la mayoría venezolanos, en aviones militares hacia El Salvador.
