La Audiencia Nacional ha decidido mantener en prisión provisional al exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Óscar Sánchez Gil, en una resolución que refuerza el mensaje de que la justicia actúa sin contemplaciones incluso cuando el investigado ha ocupado un puesto clave en la lucha contra el crimen organizado.
Sánchez Gil, detenido en el marco de una investigación que ha destapado una presunta red de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, cohecho y pertenencia a organización criminal, seguirá privado de libertad ante lo que los magistrados consideran un riesgo “evidente” de fuga. La gravedad de los hechos, sumada al hallazgo de cantidades millonarias en efectivo ocultas en dobles fondos de su vivienda y en muebles de su antigua oficina policial, ha pesado más que su arraigo personal o su hoja de servicios.
Los jueces consideran que los casi 20 millones hallados en efectivo no pueden justificarse con el salario del exjefe policial y refuerzan los indicios de una actividad delictiva
El investigado intentó obtener su excarcelación alegando vulneración de derechos procesales, amparándose en un precedente favorable a otro encausado. Sin embargo, el tribunal descartó cualquier comparación: mientras el otro investigado fue puesto en libertad al no haber accedido a la información esencial del sumario, el caso de Sánchez Gil se resolvió cuando el secreto de las actuaciones ya había sido levantado.
Los jueces han subrayado que no solo existen indicios sólidos de su implicación directa en la trama, sino que el volumen de dinero en efectivo incautado, cercano a los 20 millones de euros según fuentes judiciales, excede con creces cualquier justificación compatible con su salario como funcionario público. Dicha evidencia se suma a la posibilidad de contar con medios suficientes para eludir la acción de la justicia, lo que convierte su permanencia en prisión en una medida proporcional y necesaria.
Vinculado a una red de narcotráfico liderada por Ignacio Torán y conectada con uno de los capos más buscados
El tribunal destaca en su auto que el dinero fue hallado escondido en “dobles fondos en techos, paredes, compartimentos ocultos ad hoc en la estructura del edificio”, además de cajas fuertes y el jardín exterior de su vivienda en Villalbilla, un municipio a las afueras de Madrid. La suma era tan elevada que resultó imposible de contabilizar durante el registro judicial, y tuvo que ser trasladada al complejo policial de Canillas para su cómputo posterior.
Según el sumario, Sánchez Gil habría utilizado su posición dentro de la UDEF para ofrecer protección a redes de narcotráfico a cambio de comisiones. La investigación lo vincula con una organización presuntamente liderada por Ignacio Torán y conectada con Alejandro Salgado Vega, alias El Tigre, uno de los narcotraficantes españoles más buscados, sobre el que pesa una orden internacional de detención.
La Audiencia descarta que su arraigo familiar impida la fuga ante la gravedad de los delitos
La investigación sostiene que el exjefe policial ideó un entramado de empresas pantalla para canalizar el dinero obtenido de forma ilícita, aunque el volumen era tal que terminó acumulando millones en metálico.
Además, rechazan que su arraigo familiar –casado y con dos hijos– pueda servir de garantía suficiente para evitar ese riesgo, debido a las graves consecuencias judiciales y profesionales que afronta.
