La Autoridad Fiscal (Airef) ha lanzado hoy dos recomendaciones al Gobierno para garantizar la viabilidad de las mutualidades y, de forma paralela, ha detectado algunas ineficiencias en el sistema de sanidad privado que utilizan 1,6 millones de trabajadores públicos. El Gobierno conocía este informe antes de lanzar la nueva licitación de Muface, ha explicado hoy la Airef, que no ha detectado cambios en los pliegos de la contratación planteada por el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública. El Ministerio de Sanidad, por su parte, celebra las conclusiones del informe ya que tiene algunas coincidencias con los postulados que ha defendido el departamento dirigido por Mónica García.
En primer lugar, la Airef plantea incorporar de forma progresiva a los nuevos funcionarios a la sanidad pública y, por tanto, que abandonen el servicio de Muface o Isfas. El trasvase de los nuevos trabajadores públicos al servicio público de salud ya se está empezando a producir de forma natural, especialmente en algunos sectores como la educación; lo que plantea el organismo fiscalizador es incentivarlo y, a su vez, incrementar los recursos del sistema público.
La Airef expone que la citada promoción para una incorporación progresiva de los nuevos mutualistas al Sistema Nacional de Salud no debería ser inmediata, sino progresiva a lo largo del próximo concierto que se está licitando. La presidenta del organismo, Cristina Herrerno, también ha defendido, que el trasvase tendría que estar asociado “a un refuerzo de la sanidad pública, ya que si no se hace se incrementarían los tiempos de las listas de espera”.
Según las estimaciones de la Autoridad Fiscal, si se transpasaran la totalidad de los 1,6 millones de mutualistas que optan por la sanidad privada al sistema nacional de salud habría 0,9 nuevas consultas más al día en la atención primaria, se produciría un aumento del 30% en las consultas especializadas y se incrementarían en un 7,2% las consultas en el ámbito quirúrgico.
La Airef plantea también transformar la actual adscripción obligatoria a las mutualidades en un régimen voluntario, lo que permitiría racionalizar el sistema y generar ahorros. En este momento, el mutualista está obligado a adscribirse a Mufafe, Isfas (Fuerzas Armadas) o Mugeju (justicia), abonar una cuota y, a continuación, elegir entre la modalidad pública o la privada. Si elige la privada se le limita la atención pública. Haciendo voluntaria la adscripción a las mutuas, en el caso de los funcionarios que eligan la sanidad pública, se evitaría abonar esos recursos a Muface y, por tanto, realizarían una aportación extra al sistema público, ha defendido Cristina Herrero.
El informe de la Airef también destaca que el 24% de los mutualistas opta en este momento por la provisión pública. En cambio, el 70% se decanta por la sanidad pública cuando la patología es de mayor severidad o extrema. De hecho, el 66% de las hospitalizaciones de mayor severidad o extrema son atendidas en centros públicos (porcentaje que crecer hasta el 90% si el mutualista es menor de 40 años). Es decir, los nuevos funcionarios ya van optando de forma amplia por la sanidad pública.
Otro dato reseñable es que los mutualistas cuadriplican las tasas en las consultas de especialidad y triplican en las pruebas diagnósticas si se comparan con las de los pacientes de la sanidad pública.
Los medicamentos genéricos se emplean en un 40% de los casos en la sanidad pública y en un 32% en la privada
Además, los centros privados facturan a las mutualidades medicamentos a precios más elevados que los de la sanidad pública. Existe también una disparidad en la utilización de los medicamentos genérico (se emplea en un 40% de los casos en la sanidad pública y en un 32% en la privada).
Un ejemplo ofrecido por la Autoridad Fiscal es el siguiente: el coste por unidad del medicamento Adalimumab es de 328 euros para un mutualista que opte por la modalidad privada, precio que se reduce a 168 en el sistema nacional de salud. Esta disparidad de precios se debe, según la Airef, a los criterios de eficiencia que emplea la sanidad pública.
En resumen, si se analiza la financiación por modalidad la Airef conclye que el déficit que acumulan los mutualistas que optan por la sanidad privada es de 536 euros, mientras que lo que eligen la pública generan un superávit de 573 millones.
