Las patronales CEOE y Cepyme se resisten a ceder una plaza a la Pimec en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC). Después de la orden publicada el 10 de abril en el BOE por el Ministerio de Trabajo en la que les daba diez días de margen para negociar un nuevo reparto con la patronal catalana de las pequeñas y medianas empresas (Pimec), CEOE ha presentado recurso ante la Audiencia Nacional para paralizar el proceso. Por su parte, Cepyme seguirá el mismo camino y ha anunciado también un recurso similar.
El recurso de la CEOE introducido ante la sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia supone una ampliación de un recurso anterior. Fue el presentado contra una orden anterior de agosto del 2024 en el que se regulaba el nombramiento de vocalías en la comisión de convenios. Es decir, la orden que planteba el terreno de juego, mientras que la orden más reciente suponía su ejecución y puesta en marcha. Además, se reclama la aplicación de medidas cautelaras para que se suspenda la aplicación de estas órdenes mientras no se haya resuelto el recurso presentado.
CEOE considera que la representatividad de la patronal catalana de las pymes es limitada y residual
Este movimiento de la patronal muestra lo que ya se preveía, la resistencia de CEOE y Cepyme a ceder protagonismo a otras patronales, como son Pimec en este caso, y también Conpymes. Una batalla que se juega aquí, en la comisión de convenios, también en el Consejo Económico y Social (CES), y más adelante probablemente se entrará en un punto crítico y más delicado, la representatividad en la negociación colectiva. Este es un tema esencial para CEOE.
Pimec califica el recurso de “sorprendente y preocupante”
En este caso, la principal razón que esgrime la patronal española es el de la representatividad de Pimec, que consideran que es limitada y residual. En concreto, apuntan a que la doctrina del Tribunal Supremo establece que la representatividad no comporta automáticamente el derecho absoluto a participar en órganos consultivos, sino que debe tenerse en cuenta la proporcionalidad y el ámbito territorial. Y que en este caso, no llega a los mínimos requeridos.
Un segundo argumento que se esgrime es que la patronal catalana Pimec no puede participar en este órgano porque está integrada en una confederación de ámbito estatal, como es Conpymes, lo que la invalidaría para ocupar esta vocalía en la comisión de convenios. Argumentan que la normativa sobre la representación institucional de los empresarios excluye de esta participación a organizaciones de comunidades autónomas que estén integradas en federaciones de ámbito estatal.
El nuevo reparto supondría previsiblemente que, de los 6 vocales de la comisión, 4 serían para CEOE, 1 para Cepyme y 1 para Pimec. Actualmente, de los seis vocales, 5 son para CEOE y uno para Cepyme.
Al conocer el recurso, adelantado por “La Vanguardia”, desde Pimec se ha calificado la iniciativa “sorprendente y preocupante”, porque CEOE ha recurrido a la vía judicial para bloquear esta reforma en lugar de “aceptar una representación empresarial más plural, democrática y ajustada a la realidad”.
La orden del pasado 10 de abril cesaba a los seis vocales actuales de la comisión de Convenios y daba diez días de tiempo para que se negociara con Pimec un nuevo reparto. En caso de que no se llegara a un acuerdo, sería la dirección general de Trabajo la que tomaría la decisión según unos criterios que aseguran como mínimo una plaza para Pimec.
Al conocerse aquella orden, Pimec envió un escrito a las otras patronales para acordar el reparto en la comisión, señalando que quieren “contribuir de forma constructiva a generar los consensos necesarios que permitan reorganizar la representación empresarial en este órgano” .
Esta comisión tiene funciones consultivas en relación con el ámbito funcional de los convenios colectivos y realiza un observatorio de la negociación colectiva. Pero la orden publicada el 10 de abril es significativa porque supone un paso en la modificación del reparto de la representatividad de las patronales els españolas. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo también ha reconocido el derecho de Pimec a ocupar una plaza en el Consejo Económico y Social (CES).
Para llegar a esta decisión, el Ministerio de Trabajo se ha basado en la jurisprudencia que establece que las organizaciones empresariales más representativas a nivel de la comunidad autónoma tienen derecho a tener representación institucional en el ámbito de la Administración General del Estado. Para ejercer este derecho, hay un umbral mínimo de representación del 15% de empresarios y trabajadores, condición que Pimec cumple de sobra.
