La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que el endurecimiento de condiciones de la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell por parte del Gobierno puede caber perfectamente dentro de la legalidad. En las horas previas al pronunciamiento del Consejo de Ministros al respecto, la presidenta del organismo, Cani Fernández, ha dicho que la imposición de nuevas condiciones no tiene porque presentar problemas legales siempre que el Gobierno las justifique en aras del interés general.
Durante su intervención en el seminario organizado por la Asociación de Periodistas Económicos (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, Fernández ha reconocido que “la ley nos ayuda poco” a entender que se considera interés general: “el Gobierno puede eliminar o mantener condiciones pero no nos dice si a más o menos”. Sin embargo, Fernández ha dicho que “para mí, lo realmente relevante es el interés general lo que tiene que justificar las actuaciones”.
Durante su intervención, Fernández ha rehusado comentar las actuaciones del Gobierno, que impondrá nuevas exigencias a la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell, especialmente en estructuras de decisión descentralizadas y territorializadas. “He agradecido su no injerencia en la fase II que competía a la CNMC, por tanto voy a hacer lo mismo en la fase III del Gobierno”, ha respondido a preguntas de los periodistas.
A lo largo de su intervención, Fernández también ha contestado a las críticas recibidas por parte de las organizaciones que presentaron alegaciones en el análisis de la fase II llevado a cabo por la CNMC. “Se nos ha dicho que hemos desestimado más de de 70 solicitudes de entes como Cámaras de Comercio o sindicatos. Pero esto no es cierto. Sí que hemos tenido en cuenta estas alegaciones”, ha sostenido.
Bajo su punto de vista, la CNMC no consideró estas organizaciones como partes interesadas en el proceso, situándolas al mismo nivel que el Banco Sabadell, sino que las consideró terceros afectados. Ha dicho que “no era factible ponerles al mismo nivel y en consecuencia compartir información confidencial respecto”. Según Fernández, no era razonable dar a estas organizaciones acceso permanente a esta información tan sensible.
La presidenta de la CNMC también ha hecho referencia al apagón eléctrico y ha apuntado que “está claro que la respuesta de las instalaciones no fue la esperada” y ha recordado que las multas a los operadores podrían alcanzar los 60 millones de euros. En todo caso, ha defendido que el sistema eléctrico contaba con suficientes herramientas para controlar la tensión y evitar lo ocurrido. “Hay capacidad suficiente en el sistema pero por lo que fuera no funcionó”, ha concluido.
