Tras meses de presiones del sector eléctrico la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha enviado al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su publicación antes del 31 de diciembre la regulación que marcará, entre otras cosas, la remuneración en redes eléctricas durante los próximos seis años. El equipo capitaneado por Cani Fernández sostiene que su propuesta ahorra 900 millones euros a los consumidores respecto a la propuesta de la eléctricas.
Competencia ha plasmado en el texto final una remuneración (TRF, según la jerga del sector) del 6,58% para esas inversiones y ha hecho caso omiso a subirla al 7% como le reclamaban las eléctricas para construir las infraestructuras que necesita el país para dar cabida a toda la nueva energía renovable que está por llegar. La decisión del regulador ya implica un impacto en la factura de los consumidores para el próximo sexenio de 2.000 millones de euros. Aunque es una cantidad abultada, la cifra son 900 millones inferior a lo demandado por las empresas, esgrime la CNMC.
El cisma se ha instalado dentro del regulador con el pleno de la CNMC totalmente dividido
Fuentes de Competencia han explicado que su decisión está sustentada en un esfuerzo por balancear la inversión necesaria en construir nuevas redes capaces de dar cabida al nuevo volumen de inversión renovable que necesita el país y al tiempo atenuar el impacto de ese coste en la factura de la luz de los consumidores. La remuneración de las inversiones en redes es un coste que recae directamente en la parte regulada del recibo de la luz.
La reacción de las eléctricas no ha tardado en llegar. “España se queda a la cola de la competencia por el capital para invertir en redes: la TRF propuesta es insuficiente y nos aleja de los estándares europeos, justo cuando otros países refuerzan sus marcos para atraer capital”, aseguró ayer AELEC, la patronal de las grandes eléctricas.
No cejan en su empeño de reivindicar que ni la tasa de remuneración establecida ni la metodología que finalmente verá la luz en el BOE son suficientes para abordar las inversiones necesarias. Estas empresas siempre han defendido que una mayor tasa no es sinónimo de mayores costes para los usuarios porque aseguran que más redes atraen más demanda. Es decir, habría más usuarios para repartirse el pago de esos 900 millones de más, defiende el sector.
La CNMC, en cambio, ha apostado por el escenario más conservador y ha preferido no confiar en el crecimiento de la demanda que estipula el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, teniendo en cuenta 2025 va a terminar sin recuperar la demanda eléctrica previa a las crisis del Covid.
Fuentes del sector, llevan semanas apuntando a que esta contienda puede acabar en los tribunales.
Ayer fuentes de la CNMC trasladaron que están más que preparados para ello. “Esta legislación está muy bien armada. Se han atendido correctamente todas las observaciones que ha trasladado el Consejo de Estado”, aseguran. Al tiempo recuerdan que han ganado en los tribunales todas los casos sobre la anterior regulación a los que les avocaron las eléctricas. “Creemos que un diálogo más amplio y colaborativo podría ayudar a buscar soluciones consensuadas”, planteaba ayer la patronal AELEC.
Pero esta tensión, va más allá de un enfrentamiento entre el regulador y las empresas eléctricas. Ha supuesto un cisma histórico en el regulador de competencia. La votación en el Pleno de la CNMC del texto que incluye los cambios derivados del informe de Consejo de Estado se saldó con una ajustada votación de 5 consejeros, incluida la presidenta a favor; 3 en contra y una abstención y la ausencia de otro consejero por enfermedad.
Fuentes conocedoras de lo ocurrido aseguran que fue el consejero vasco, Enrique Monesterio, quien decantó la balanza una vez que Rafael Iturriaga estuvo ausente por enfermedad. Aseguran que tras los cambios técnicos apenas se concedió a los consejeros 24 horas para analizar el texto.
