Los agricultores valencianos llevaban ocho manifestaciones durante el 2024 cuando llego la dana y arrasó con sus plantaciones, campos y maquinaria o sistemas de riego. Y aunque sus cifras son todavía provisionales, desde La Unió Llauradora i Ramadera estiman que las pérdidas ya superan los 1.000 millones de euros, tanto por impacto directo en los cultivos como por graves destrozos en infraestructuras agrarias. En todo el año, las pérdidas por daños meteorológicos ascienden a 1.400 millones de euros.
Sus cifras se asemejan a las que cuantifica la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) que apunta a unos 1.379 millones de euros en daños directos, poco optimista con el ejercicio que arranca. En el último balance de la CEV, la patronal valenciana asumía que en 2025 habrá un “aumento significativo de tierras agrarias que quedarán sin cultivar”.
Coincide La Unió en su preocupación por el relevo generacional, uno de los problemas que han ido poniendo encima de la mesa durante este año de protestas. En su balance agrario del año, hecho público ayer, aseguran que si no hay una respuesta inmediata por parte de la Conselleria de Agricultura sobre la próxima convocatoria de ayudas para la primera instalación de agricultores y ganaderos jóvenes, convocarán de nuevo movilizaciones a principios de año. “No es admisible la dejadez y pasividad de la Generalitat ante unos jóvenes que desean incorporarse al sector”, señala el texto.
La Unió critica a la Generalitat valenciana por “su pasividad” ante la falta de relevo generacional y prevé nuevas protestas
El balance agrario de La Unió evidencia que, ahora mismo, preocupa recuperar la normalidad tras la dana, pero que los problemas del campo ya coleaban desde hace tiempo. Con todo denuncian que dos meses después de la catástrofe todavía existen caminos destrozados para acceder a las explotaciones agrarias, muchas de las cuales no han podido recolectar cosechas de caquis o cítricos, fundamentalmente.
La recepción de las ayudas preocupa, lógicamente, aunque también lo hacen las partidas institucionales destinadas para la reconstrucción, que aseguran llegan de ambas Administraciones “a cuentagotas”. Ayer mismo Agroseguro realizaba un nuevo pago de indemnizaciones a agricultores afectados por importe de 2,8 millones de euros, de los que 2,4 millones correspondían a productores de la provincia de Valencia, que fue la más afectada. En total, la Comunidad Valenciana ya ha recibido 32,9 millones de euros.
Sobre las ayudas estatales, AVA-ASAJA denunciaba ayer que centenares de damnificados van a quedarse fuera de la ayuda extraordinaria para compensar la pérdida de renta “por no cumplir un mero trámite burocrático” en alusión a que los solicitantes deben estar inscritos a fecha 28 de octubre en el Registro Autonómico de Explotaciones Agrícolas (REA) o en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA). También apostillaron que las ayudas directas de 5.000 euros para autónomos ”no irán a los bolsillos de aquellos agricultores que no estuvieran el 28 de octubre en el censo de empresarios profesionales y retenedores».
Asimismo, a la lista de necesidades del campo generadas a raíz de las inundaciones, cabe sumar la gestión de las plagas, la que llaman “amenaza” de Mercosur, el control de la creciente fauna cinegética en la Comunidad Valenciana y la gestión de la instalación de renovables, ahora aparcada por la actualidad pero especialmente preocupante en las comarcas interiores por el intenso rechazo social desde los movimientos rurales.
Ayudas al campo de municipios limítrofes
El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, se reunió ayer en València con los alcaldes y alcaldesas de municipios limítrofes a los afectados por la dana para informarles sobre la ampliación de las ayudas agrarias del Gobierno tras el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 23 de diciembre. Ahora los agricultores de municipios valencianos limítrofes podrán comunicar al Gobierno sus siniestros para recibir las ayudas directas a fondo perdido (200 millones de euros), beneficiarse de la reparación de daños en parcelas, caminos rurales, estructuras de producción y sistemas de riego (170 millones de euros), así como optar a la reposición de la maquinaria agrícola dañada (10 millones de euros).
