La Fiscalía Anticorrupción ha salido en defensa de la investigación de los Mossos d’Esquadra sobre una presunta trama corrupta en el seno del Ministerio de Hacienda en la época de Cristóbal Montoro para aprobar reformas legislativas ad hoc. Un “hallazgo casual” aparecido durante el registro en el 2018 de una empresa gasista a la que se investigaba por un fraude provocó el inicio de una nueva investigación que ha acabado salpicando a toda la excúpula de Hacienda. El e-mail en cuestión era de una cuenta corporativa del director técnico de la empresa Messer Ibérica en que decía que “la vía directa es pagar a Equipo Económico (EE), que tiene contacto directo con el ministro” para un intento de lograr una modificación legislativa.
EE era el despacho que originariamente fundó Montoro cuando salió de la política tras la presidencia de José María Aznar. Cuando volvió a la política dejó el despacho, pero sus socios siguieron en él. De hecho, la investigación recoge las conexiones que existen entre EE y el propio ministerio, adonde Montoro se llevó como jefe de gabinete a Felipe Martínez Rico, hermano del presidente ejecutivo del despacho.
Anticorrupción acusa a las defensas de pretender “confundir” a la Audiencia de Tarragona
En un escrito al que ha tenido acceso La Vanguardia , la fiscal de Anticorrupción Carmen García Cerdá se opone al intento de las defensas de los investigados de anular toda la causa porque los Mossos actuaron, según estas, de manera irregular. Uno de los argumentos de las defensas es que hubo una extralimitación por parte de los investigadores al comunicar al juez un “hallazgo casual” en el registro de la empresa Messer, lo que provocó el inicio de una investigación paralela que ha acabado con la imputación del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, gran parte de la cúpula del ministerio y los responsables de EE.
Las defensas piden la nulidad de toda la causa porque, a su juicio, el informe policial de los Mossos “no se limitó a dar cuenta del hallazgo casual de los correos electrónicos, sino que analizó su contenido realizando una investigación policial del nuevo hecho y formulando sus conclusiones policiales”.
Es decir, según los abogados defensores, la policía autonómica se tenía que haber limitado a trasladar el e-mail en cuestión al juez de instrucción número 2 de Tarragona, y que este decidiera si abría una pieza y unas nuevas diligencias o simplemente lo pasaba por alto y no iniciaba por su cuenta una investigación propia.
La fiscal Carmen García Cerdá se opone a este criterio, que pretende declarar nula toda la causa y cerrarla. Así, en un escrito, subraya que “la lectura de la comunicación policial del hallazgo casual evidencia que el recurrente confunde lo que es realizar la investigación de unos hechos, de las simples actuaciones policiales dirigidas a poder cerciorarse de que determinados indicios recabados en otra causa y que presentan visos de delito, superan las exigencias de no tratarse de una simple sospecha sin fundamento alguno”.
García Cerda sale en defensa de los Mossos, del juez y de la investigación y acusa a los abogados de los investigados de pretender “crear confusión” a la Audiencia Provincial de Tarragona, que debe resolver tanto este recurso de nulidad como el planteado por los siete años que ha estado la causa bajo secreto y contra la competencia del juzgado de Tarragona, ante la solicitud de que este asunto se envíe a los juzgados madrileños.
También critica que pretendan crear confusión a la sala al argumentar que los agentes que llevaron a cabo la entrada y registro en Messer debían haber pedido otra autorización para llevarse el e-mail que inició la causa contra Montoro.
Último juicio del caso Gürtel
La Audiencia Nacional inicia el próximo lunes el último juicio por la trama de corrupción en torno al PP conocida como caso Gürtel. Después de 17 años de iniciarse la investigación, solo queda por celebrarse uno de los trece juicios. Hasta ahora ha habido tres condenas al PP, dos absoluciones del expresidente valenciano Francisco Camps, el paso de un tesorero por prisión o la declaración, como testigos, de los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy.
En uno de los juicios, la Audiencia Nacional confirmó que en el PP existió una caja B paralela a la contabilidad oficial. Por esta trama, como se ha dicho, también acabó condenado y encarcelado quien fue el tesorero del partido con Aznar y Rajoy, Luis Bárcenas.
El líder de la trama, Francisco Correa, y su número dos, Pablo Crespo, acumulan varias condenas. De cara a este último juicio, que gira en torno al blanqueo de capitales y delitos fiscales, han pactado con la Fiscalía Anticorrupción para rebajar sus penas. Tras años en prisión, la situación de los principales condenados se ha flexibilizado y ya disfrutan del tercer grado.
La fiscal aclara que ese correo se leyó durante el análisis de la información de la entrada, y no durante su incautación. “El recurso no solo confunde el momento en el que aparecen los vestigios de la comisión de nuevos hechos delictivos, que como hemos explicado repetidamente lo ha sido cuando se analizaba el material probatorio incautado en los registros practicados y no en el acto de su práctica (…) ¿Cómo va a habilitar una resolución judicial la medida de entrada y registro con posterioridad a que tenga lugar la misma?”, argumenta la representante de Anticorrupción.
En su auto, García Cerdá insiste en que los Mossos, que actúan como policial judicial en estas diligencias, “presentaron al instructor un informe de solicitud de las medidas que consideraban esenciales para esclarecer los nuevos hechos y sus partícipes. Ninguna investigación se ha hecho en paralelo. Cada causa ha tenido y tiene sus tiempos y su devenir”, sostiene. La fiscal añade que la doctrina del Tribunal Supremo establece que, si la entrada en el domicilio fue legítima, todas las evidencias que se encuentren durante el registro son delitos flagrantes, en los que la policía tiene la obligación de actuar.
