La Fiscalía pide amnistiar a los exaltos cargos del Govern procesados por los preparativos y la organización del referéndum del 1 de octubre. En un escrito presentado ante la sección 21 de la Audiencia de Barcelona, el ministerio público solicita aplicar la ley del olvido penal a los cerca de 40 exdirigentes que casi ocho años después de los hechos siguen investigados por el 1-O.
Entre ellos, se encuentran el que fuera director de la delegación del Govern ante la UE Amadeu Altafaj, el exsecretario general del Diplocat Albert Royo, la exinterventora de la Generalitat Rosa Vidal, Antoni Molons, exsecretario de Comunicación del Govern, y el exsecretario de Difusión del Departamento de Presidencia Joaquim Nin. El exdirector de Comunicación del Govern Jaume Clotet y Josep Ginesta, ex secretario general de Trabajo. Además, los exdirectores de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis y Saül Gordillo y varios empresarios.
El fiscal también reclama la amnistía para el exconseller de Exteriors, Raül Romeva, que fue incluido en esta causa después de que se añadieran los investigados de la causa sobre los gastos de la acción exterior del procés. La causa llevaba un año bloqueada debatiendo sobre quién debía decidir sobre la amnistía de los procesados: si el juzgado de instrucción 13 o la sección 21 de la Audiencia de Barcelona. Finalmente, será la Audiencia provincial.
La Fiscalía recuerda que “los actos directamente dirigidos a financiar o sufragar las consultas independentistas deben entenderse comprendidos en el ámbito de aplicación de la ley. ”Qué duda cabe de que, se compartan o no las motivaciones políticas, ideológicas o incluso filosóficas de los impulsores de la norma esta es la interpretación que hay que aplicar para cumplir con “los fines perseguidos con la aprobación de la norma”. Este argumento ya fue utilizado por el ministerio público para mostrarse favorable a la aplicación de la amnistía para Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, exdirigentes de la conselleria de Economia y supuestos arquitectos de las estructuras del futuro estado catalán.
“Se compartan o no las motivaciones políticas ” hay que aplicar la amnistía, sostiene el fiscal
De hecho, Josep Maria Jové (secretario general de Economía) y Lluís Salvadó (secretario de Hacienda) estuvieron investigados en esta causa, aunque su caso pasó al TSJC por su condición de aforados. Ambos están investigados por prevaricación, desobediencia y malversación. En la misma causa también está investigada, aunque en este caso por desobediencia, la exconsellera de cultura, Natàlia Garriga. El tribunal catalán decidió paralizar la petición de amnistía y elevó una cuestión sobre la constitucionalidad de la ley al TC y otra ante la justicia europea al cuestionar que el delito de malversación pueda ser perdonado.
En su escrito, el fiscal se desmarca de la tesis del Supremo y pide a la Audiencia de Barcelona que amnistíe también el delito de malversación -que se suma a los de prevaricación, falsedad documental y desobediencia por los que fueron procesados los organizadores del referéndum- porque, de lo contrario, se dejaría “vacío de contenido” lo dispuesto en la ley.
