La Fiscalía ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la condena al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz de dos años de inhabilitación por revelación de datos reservados impuesta por el Tribunal Supremo.
Considera que se han vulnerado los derechos a la presunción de inocencia, a un proceso con todas las garantías, a conocer la acusación y defenderse de ella y a la legalidad penal de Álvaro García Ortiz.
La teniente fiscal del Supremo, que firma el recurso, argumenta que en la sentencia se vulneró el derecho a la presunción de inocencia porque no se tuvo en cuenta el testimonio exculpatario de los periodistas que afirmaron en el juicio que García Ortiz no fue la persona que les filtró los datos reservados sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Otro de los puntos en los que pivota el recurso es en la vulneración de un proceso con todas las garantías porque una de las pruebas en las que se basó el Supremo fue en que García Ortiz había borrado su teléfono, informaicón que se obtuvo tras la orden del juez de registrar su despacho.
Según la Fiscalía, el registro fue una ”injerencia” que no estaba justificada por razón de la penalidad del delito investigado, “ni tenía en cuenta la información de extrema sensibilidad en poder del acusado, así como el carácter de domicilio profesional de su despacho oficial”.
Por otro lado, pide al Constitucional que revise si el Supremo ha “desbordado” los límites sobre el delito de revelación de datos reservados. Defiende que la condena de García Ortiz por ordenar la publicación de una nota de prensa con datos sobre González Amador es contraria a la propia jurisprudencia del Supremo, “que es rectificada de forma sorpresiva e imprevisible”.
Según defiende la Fiscalía, esta condena es contraria “al papel preponderante que tiene en nuestro Estado democrático el derecho de los ciudadanos a dar y recibir información veraz”.
