El borrador de la futura ley de señas de identidad que prepara el gobierno valenciano prevé que se impida expresamente otorgar subvenciones a entidades privadas que “menoscaben la Autonomía de la Comunitat Valenciana en cuanto a la denominación de su territorio, bandera, himno y lengua propia que, según declara el Estatut d’Autonomia, es el valenciano”. De esta manera, la norma en que trabaja el Consell de Carlos Mazón y cuyo borrador adelantó ayer El Mundo, establece que no recibirán ayudas ni aquellos que exhiban esteladas, ni los que atribuyan a la quatribarrada la condición de enseña de la Comunidad Valenciana, ni los que se refieran a la lengua de los valencianos como catalán, ni los que “insulten de una forma u otra a la identidad del pueblo valenciano”.
La normativa, que tiene como objeto “el reconocimiento de las señas de identidad del pueblo valenciano y el establecimiento de los mecanismos necesarios para su promoción y difusión”, hace especial hincapié en prohibir también las ayudas a quienes persigan objetivos directamente contrarios a la Constitución, como federación de territorios prohibida por el artículo 145, “entendiéndose especialmente incluidas las que utilicen la denominación Països Catalans”. La utilización de este término está catalogada como una infracción muy grave.
Este tipo de infracciones “serán sancionadas con la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la resolución que determine la sanción y la retirada total de cuantas ayudas se hubieran concedido a la entidad infractora y la prohibición de obtener ayudas o subvenciones públicas de carácter autonómico por el plazo de tres años”.
La ley permitirá que no reciban subvenciones públicas los ayuntamientos que organicen actos contrarios a las señas de identidad
Y es que uno de los puntos más polémicos de la futura legislación que el PP quiere aprobar en las Corts Valencianes es el establecimiento un régimen sancionador por hipotéticas vulneraciones de la norma por parte de las administraciones públicas valencianas. Así, esta ley permitirá que no reciban subvenciones públicas los ayuntamientos que organicen actos de reivindicación contrarios a las señas de identidad valencianas.
La ley también permite a la abogacía general de la Generalitat perseguir las afrentas a las señas de identidad valenciana que se puedan producir por administraciones públicas foráneas, en concreto la abogacía estará legitimada para perseguir a las Administraciones Públicas que establezcan en sus guías e información turística, la gastronomía y fiestas valencianas como propias. Asimismo, el artículo 10 del borrador apuna que “el Consell podrá interponer recurso de inconstitucionalidad contra las leyes del Estado que contravengan lo dispuesto en esta Ley y en su caso, plantear conflicto constitucional contra las leyes autonómicas que contravengan lo dispuesto en esta ley”.
La norma reconoce a la Real Acadèmia de Cultura Valenciana y Lo Rat Penat y ningunea a la AVL
Además, la norma indica que la Generalitat Valenciana, principalmente a través de la Consellería de Cultura, promoverá la recuperación del uso popular del valenciano, investigándolo, fomentando el uso del léxico, formas y gramática popular y tradicional y promoviendo la actuación de aquellas asociaciones que tradicionalmente lo defienden y especialmente la de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana y Lo Rat Penat. Un artículo que no menciona en ningún momento a la Acadèmia Valenciana de la Llengua, la institución que tiene, estatutariamente, la capacidad normativa sobre el valenciano.
Particulares y entidades podrán comunicar al Consell situaciones contrarias a la ley de señas
Otra de las cuestiones que llama la atención de la nueva normativa que el PP quiere poner en vigor, sobre todo cuando este partido ha hablado de policía lingüística, es la decisión de que “las personas físicas y jurídicas podrán intervenir activamente en la defensa y protección de las señas de identidad, poniendo en conocimiento de la Generalitat o de las entidades locales de la Comunitat Valenciana aquellas situaciones que puedan resultar contrarias a su integridad, consideración y debido respeto”.
Dicho de otra manera, entidades y particulares podrán denunciar al Consell las vulneraciones de la ley. Es por todo ello que la legislación que se prepara va más allá de la ley de 2015 que aprobó el gobierno de Alberto Fabra y, según sus promotores, “amplía los instrumentos de protección del gobierno valenciano”.
