El Govern de la Generalitat y Acciona han firmado finalmente el acuerdo que pone punto final al largo conflicto provocado por la fallida privatización de Aigua Ter-Llobregat (ATLL) en el año 2012. El pacto final establece una indemnización total de 95 millones de euros para la empresa constructora española, más los intereses de los cuatro años de aplazamiento de ese pago; en total algo más de 103 millones, por debajo de los 120 pedidos inicialmente por Acciona. En total, a la administración catalana el estrepitoso fracaso de esa adjudicación le habrá costado 480 millones de euros, los pactados ahora y otros 377 millones que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) le obligó a pagar a la empresa de la familia Entrecanales. Esta última indemnización fue abonada por el ejecutivo de Pere Aragonès cuando ya estaba en situación de interinidad.
Ahora, tras estampar las firmas los dos secretarios generales de Economia y de Acciona, Juli Fernández Iruela y José Julio Figueroa, respectivamente, el documento se ha remitido al Tribunal Supremo para su convalidación.
El acuerdo evita el riesgo de que el Supremo condenase al Govern a pagar cerca de 1.000 millones
Este último trámite se deriva de que es en esta instancia judicial donde estaba ahora el pleito de Acciona contra la administración catalana, presentado por la empresa cuando la Generalitat le retiró la concesión de ATLL como consecuencia de una sentencia del TSJC del año 2015. La decisión judicial daba la razón a Agbar, que también se había presentado al concurso y denunció la adjudicación.
Posteriormente, en el 2022, el TSJC reconoció a Acciona el derecho a una indemnización de 377 millones que incluía intereses y que es la que acabó abonando casi en su totalidad el Govern de Aragonès.
Sin embargo, tanto Acciona como la Generalitat recurrieron esas sentencias y ahora el fallo definitivo estaba pendiente de lo que resolviera el Supremo.
La Generalitat ha accedido ahora a alcanzar un acuerdo con Acciona a la vista de que un documento firmado por los consellers de Economia y de Territori del Govern de Mas que aprobó la adjudicación, Andreu Mas-Colell y Santi Vila, respectivamente. Vila acababa de llegar a la administración y en realidad el proceso había sido comandado por su antecesor, Lluís Recoder.
El documento en cuestión fue exigido por la empresa concesionaria a las puertas del proceso judicial y establecía que en el caso de reversión de la concesión de la gestión de la empresa de agua “habría que compensar a la sociedad concesionaria (Acciona y sus socios) (…) por los daños y perjuicios que correspondan (…) incluyendo en la compensación el importe de la inversión”. Un reconocimiento que incluía el beneficio no realizado, el lucro cesante.
Las fuentes consultadas señalan que ese documento implicaba un altísimo riesgo para la Generalitat de fallo condenatorio por parte del Supremo, en una demanda de Acciona cuyo importe se acerca a los 1.000 millones de euros.
“Ahora, con estos 100 millones se cierra el pleito y se evita el riesgo mayor, la condena de 1.000 millones, además de los 377 que ya están pagados”, señalan fuentes próximas a la administración. Para Acciona supone normalizar las relaciones con la Generalitat, administradora de un mercado relevante para ella, y abre las puertas a futuras operaciones.
La apresurada adjudicación de ATLL en el 2012 supuso un balón de oxígeno para el Govern de Artur Mas, que en plena crisis financiera tenía problemas para pagar las nóminas de los funcionarios. Fue un proceso que despertó muchas sospechas de irregularidades y en el que se denunció la existencia de pagos en paraísos fiscales y de comisiones políticas.
