Apenas 300 kilómetros separan el polígono industrial petroquímico de Tarragona en el que se asientan empresas como Repsol, BASF,Ercros, entre otras muchas, del situado en los alrededores de Perpiñán. Una cercanía que se convierte en abismo cuando se trata de costes. En 2025, las empresa situadas en el lado sur de los Pirineos pagaron 63 euros MWh en su factura de la luz. Las francesas poco más de 23, según el barómetro de la Asociación de Empresas de Gran consumo de Energía (AEGE). Esto implica que la factura eléctrica para este tipo de empresas si están en suelo español es 2,7 veces más cara que la que están en Francia y 1,5 veces más alta que Alemania, cuyo coste final del MWh rondó los 43 euros.
La situación no es nueva.La industria lleva años denunciándolo.Esta desventaja estructural parecía tener sus días contados cuando la crisis energética de 2022 animó al Gobierno a aplicar ayudas a las empresas con las que recortar esa falta de competitividad frente a sus rivales europeas.
Las patronales alertan del riesgo creciente de cierres parciales, ajustes de producción o deslocalizaciones
Pero lejos de resolverse la situación se ha visto agravada tras el rechazo esta semana, por segunda vez en menos de un año, del real decreto que buscaba proteger a las industrias electrointensivas frente a la volatilidad del mercado eléctrico. El conocido como “decreto antiapagones”, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 24 de junio, fue tumbado en el Congreso el 22 de julio al no reunir los apoyos necesarios para su convalidación. El texto ya había sido rechazado en una primera versión en octubre de 2023, lo que ha dejado a las grandes fábricas sin respaldo normativo estable desde principios de este año.
El decreto incorporaba una serie de medidas para aliviar la factura de sectores intensivos, como el químico, el siderúrgico, el papelero o el cementero. Entre ellas, destacaba la exención del 80% de los peajes eléctricos para consumidores electrointensivos, con carácter retroactivo desde el 23 de enero. También contemplaba un refuerzo de las compensaciones por emisiones indirectas de CO₂ y una rebaja o supresión de los cargos por servicios de ajuste del sistema, que en España suponen un sobrecoste de hasta 18,66 euros por MWh y que no existen en Francia o Alemania. Además, incluía disposiciones para facilitar la electrificación de procesos industriales, el desarrollo del almacenamiento energético y el acceso a contratos de suministro a largo plazo con renovables.
La incongruencia de querer reindustrializar y bloquear ayudas
La caída del decreto se produce en un momento en que España y Europa buscan impulsar la reindustrialización para reforzarse ante las tensiones geopolíticas y que es especialmente dañino para regiones como Catalunya, que concentra aproximadamente el 20% del PIB industrial del país. Francia y Alemania llevan años con modelos de apoyo estables. En el caso francés, el 62% del consumo eléctrico de la gran industria se cubre mediante la tarifa regulada denominada ARENH, a un precio de 42 euros/MWh. Descuento sustentado por su gran producción eléctrica nuclear.
En Alemania, las compensaciones por emisiones indirectas de CO₂ pueden superar los 50 euros MWh, frente a los 24,6 euros que establece el régimen español en vigor. Ambos países, además, eximen a sus industrias de peajes por ajuste de sistema y otros cargos estructurales, lo que permite reducir aún más el coste final de la energía.
Entre los argumentos políticos que se esgrimieron para justificar su oposición al real decreto algunos partidos políticos se referían a la amenza de la desindustrialización. Pero esas ayudas vigentes las patronales industriales, como AEGE, Foment del Treball o la Federación Empresarial de la Industria Química (Feique), ya alertan de las consecuencias económicas tanto para las empresas ya asentadas como para futuras inversiones. Reclaman una política industrial clara, transversal y con estabilidad jurídica para no perder tejido productivo frente a Europa. Según fuentes del sector, ya hay inversiones en electrificación y eficiencia que han quedado congeladas por la inseguridad regulatoria y alertan deque el riesgo de cierres parciales, ajustes de producción o deslocalizaciones es cada vez más real.
El Ejecutivo asegura que lo volverá a intentar. Pero el fracaso de dos intentos consecutivos alimenta la percepción de falta de dirección. La brecha con Europa sigue creciendo. Lo que separa a Tarragona de Perpiñán ya no son solo 300 kilómetros, sino un modelo energético muy distinto.
