La jornada de 35 horas llegará a la Administración General del Estado previsiblemente en el mes de marzo. Hoy, sindicatos y ministerio de Función Pública han acordado su puesta en marcha en la comisión permanente de la Administración General del Estado, que revisa los puntos del Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público, su aprobación y ejecución.
El acuerdo queda pendiente de que se lleve a la mesa general para su efectiva aprobación y entrada en vigor. La mesa, sin embargo, no tiene fecha aún aunque fuentes sindicales señalaron que se celebrará en los próximos días y la entrada de la jornada, en el mes de marzo.
La norma afectará a unos 250.000 empleados públicos.
En principio, la norma afectará a unos 250.000 empleados públicos. Eso supone que se aplicará en personal de los ministerios, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de esta de esta Administración. CSIF reclamó hoy sin embargo a Función Pública que el acuerdo para implantar la jornada laboral de 35 horas semanales se convierta en normativa básica, de forma que se garantice su aplicación a todo el personal de la Administración General del Estado (AGE), a los trabajadores de Instituciones Penitenciarias y al conjunto del sector público.
Tras la reunión de la comisión permanente de la AGE, CSIF ha señalado que la Administración se ha mostrado abierta a negociar una fórmula que permita incorporar a estos colectivos, y ha citado a las organizaciones sindicales a un nuevo encuentro el próximo lunes, día 23, como paso previo a la convocatoria de la mesa general.
En un comunicado, el sindicato ha precisado que la propuesta será elevada en los próximos días a la mesa general de este ámbito para su debate y concreción.
El Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública ya había trasladado a las organizaciones sindicales firmantes del Acuerdo Marco para la Administración del siglo XXI (CCOO y UGT) que había puesto en marcha el procedimiento para implantar la jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE), en cumplimiento de lo acordado.
La jornada de 35 horas semanales figura también como compromiso del Ministerio de Función Pública dentro del Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, suscrito inicialmente por CSIF y UGT y al que posteriormente se sumó CCOO.
Desde el sindicato que lidera Miguel Borra han denunciado que la implantación de esta medida llega “con años de retraso” y han subrayado que para hacerla posible ha sido “fundamental” la presión de CSIF.
Una vez cerrada la modalidad de jornada, Función Pública se dirigirá a los responsables de los distintos departamentos de la AGE en “los próximos días” para articular su puesta en marcha y, en cualquier caso, se introducirán las adaptaciones necesarias para asegurar la correcta prestación del servicio, especialmente en la atención a la ciudadanía y en la organización de los turnos de trabajo.
CSIF ha reiterado su compromiso de continuar la negociación para extender este derecho a los ámbitos que la Administración mantiene excluidos, así como para avanzar en la regulación del teletrabajo en la AGE y en otras medidas recogidas en el Acuerdo Marco, como la promoción interna, la jubilación parcial anticipada, la actualización de las cuantías por razón de servicio o el refuerzo de Muface.
