La juez federal Cameron McGowan Currie ha desestimado las imputaciones penales del exdirector del FBI, James Comey, y la fiscal general de Nueva York que condenó a la Organización Trump por fraude, Letitia James, al considerar que la fiscal que presentó los cargos fue nombrada ilegalmente por el Departamento de Justicia de Donald Trump.
El presidente pidió expresamente a su fiscal general, Pam Bondi, que iniciara una persecución judicial de sus dos adversarios políticos. Para acelerar sus imputaciones, el Departamento de Justicia decidió nombrar como fiscal interina de EE.UU. en Alexandria (Virginia) a Lindsey Halligan, exasesora de la Casa Blanca, leal al presidente y sin experiencia previa. Sustituyó al fiscal interino anterior, que fue destituido después de considerar que no había suficiente evidencia como para buscar la condena de Comey y James.
Comey, acusado de mentir al Congreso y de obstruir un procedimiento legislativo, recurrió esta semana buscando anular su caso, señalando que la fiscal interina había sido designada sin votación del gran jurado, por lo que se violaron sus derechos constitucionales. Además, según el recurso de Comey, el gran jurado rechazó inicialmente uno de los tres cargos que pesaban sobre él y, cuando se presentó una acusación corregida (con solo dos cargos), no fue votada por todos los miembros del jurado.
“El intento de la fiscal general de designar a la Sra. Halligan como fiscal interina de EE. UU. para el Distrito Este de Virginia fue inválido”, escribe la juez Currie en su orden. Según ella, “todas las acciones derivadas del nombramiento defectuoso de la Sra. Halligan”, incluidas las acusaciones contra Comey y James, “fueron ejercicios ilegales del poder ejecutivo y quedan anuladas por la presente”. La magistrada desestimó los casos “sin perjuicio”, dejando abierta la posibilidad de que se presenten nuevamente acusaciones contra Comey y James por la misma conducta.
La magistrada desestima “todas las acciones derivadas del nombramiento defectuoso” de la fiscal Halligan
Se espera que la Administración Trump, que todavía no se ha pronunciado, recurra la orden de la juez Currie. Los abogados defensores en los casos contra los dos enemigos políticos del presidente argumentaron que había expirado el periodo de 120 días que permite a un fiscal interino servir antes de ser confirmado por el Senado o un gran jurado. Pero los fiscales de la Administración argumentaron que la fiscal general, Bondi, tiene plena autoridad para nombrar a quien quiera para el cargo siempre que esté calificado.
La magistrada ha sido contundente al negar esta afrimación. “Las implicaciones de una conclusión contraria serían extraordinarias”, ha escrito. “Significaría que el Gobierno podría enviar a cualquier ciudadano privado de la calle —abogado o no— a la sala del gran jurado para obtener una acusación, siempre que la fiscal general apruebe la acción después de los hechos. Eso no puede ser la ley.”
La acusación formal, presentada por el Departamento de Justicia a petición del presidente, procesaba a Comey por falso testimonio ante el Congreso y obstrucción a la justicia en el caso que investigó la conexión entre Trump y altos funcionarios rusos durante las elecciones presidenciales del 2016. El exdirector de la agencia afrontaba hasta cinco años de cárcel por esos cargos.
Comey reaccionó a la imputación acusando a Trump de iniciar una persecución política contra él a través de un video en el que lamentó que “enfrentarse a Donald Trump tiene un costo, pero no podíamos imaginarnos viviendo de otra manera”.
Su imputación llegó el 26 de septiembre, una semana después de que Trump publicara en su plataforma, Truth Social, un mensaje dirigido a su fiscal general, Bondi, a quien exigía que hiciera todo lo que estuviera en su mano para llevar a juicio a Comey, así como al senador demócrata Adam Schiff –que encabezó uno de los dos juicios políticos contra Trump en su primer mandato– y a la fiscal de Nueva York, Letitia James, que logró imputar y ganar el caso por fraude fiscal contra el republicano y su empresa familiar.
“No podemos demorarnos más, está acabando con nuestra reputación y credibilidad. Me sometieron a un juicio político dos veces y presentaron cargos contra mí (¡cinco veces!) por nada. Hay que hacer justicia; ¡¡¡ya!!!”, publicó Trump. “Es la misma historia de la última vez: pura palabrería y nada de acción. No se está haciendo nada. ¿Y qué hay de Comey, Adam Shifty Schiff y Letitia? Son todos culpables, pero no pasa nada”.
A este mensaje le siguió la imputación de Comey y, pocos días después, de James. El gran jurado de Virginia la acusó formalmente por un cargo de fraude bancario después de las evidencias presentadas por la fiscal Halligan. La presentación del caso, en un trámite donde solo participó la fiscalía, la realizó la propia Halligan personalmente, algo poco habitual en estos trámites.
Con su orden, la juez da un revés al esfuerzo de Trump por utilizar el Departamento de Justicia para perseguir a sus adversarios. El mes pasado, también logró la imputación de John Bolton, exconsejero de seguridad nacional durante su primer mandato y hoy uno de sus mayores críticos. Esa imputación llegó dos meses después de que el FBI registrara su casa en Maryland y su oficina en Washington en busca de documentos clasificados que podría haber confiscado durante sus años en el Gobierno, del que dimitió en el 2019 después de desencuentros con el presidente Trump.
La acusación, de 18 cargos, sostiene que Bolton usó una cuenta de correo electrónico para enviar notas de “diario” sobre sus actividades cotidianas en la Administración a personas de su entorno. Muchas de esas notas contenían “información de defensa nacional”, incluidos detalles de alto secreto, según la acusación. Estos correos habrían sido posteriormente hackeados por una persona vinculada al gobierno de Irán.
La fiscal general también inició la semana pasada, por orden de Trump, investigaciones judiciales para encontrar los lazos entre el pederasta Jeffrey Epstein y el expresidente Bill Clinton, el donante demócrata y fundador de LinkedIn Reid Hoffman, y el exrector de Harvard Larry Summers, entre otros. El presidente, mencionado en cientos de hilos de correo de Epstein publicados este mes por el Congreso, firmó la semana pasada la ley que obligará a su Departamento de Justicia a publicar todos los documentos no clasificados en su poder sobre el caso Epstein.
