El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado varias convocatorias de unas oposiciones de la Diputación Foral de Vizcaya que exigían conocimiento de euskera para acceder a varias plazas de vigilante de obras públicas, por entender que vulneran los principios constitucionales de igualdad y mérito en el acceso al empleo público.
El alto tribunal vasco revoca así una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Bilbao que había desestimado el recurso interpuesto por una funcionaria interina. En esta nueva resolución se estima parcialmente.
El TSJPV considera que el nivel exigido es desproporcionado y que favorece a los hablantes del euskera
La Diputación vizcaína convocó oposiciones para cubrir 18 plazas de celador de obras públicas de las que 16 requerían un perfil lingüístico III de euskera, el más alto que se puede exigir. La Justicia considera que ese nivel es “manifiestamente desproporcionado” para las funciones que tiene asignado el puesto y que se centran en la supervisión de los trabajos de conservación de carreteras.
Esta condición implica que se favorece a los hablantes de euskera y que se establecen condiciones “desfavorables” para los que no lo hablan, lo que vulnera el derecho al acceso al empleo público.
La funcionaria que recurrió estuvo trabajando para la Diputación Foral entre junio de 2018 y junio de 2022. Después, continuó con contratos temporales, pero la falta de acreditación del perfil lingüístico III le impedía optar a la mayor parte de las plazas que se pretendía cubrir.
La sentencia determina que la progresiva implantación del euskera no puede realizarse mediante automatismos que condicionen el acceso a la función pública al conocimiento de la lengua cooficial.
