Airbnb pierde su contienda contra el ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y retira 65.000 anuncios de pisos turísticos ilegales de su plataforma. La multinacional recurrió la decisión de Consumo de obligar a la retirada de estos avisos en varias ocasiones ante los tribunales pero la justicia, según ha informado el propio ministerio, ha respaldado las actuaciones de Consumo. Esto obliga a la plataforma a retirar los anuncios.
Desde la Dirección General de Consumo se argumentaron tres razones para justificar la ilegalidad de los 65.935 anuncios de pisos turísticos que se detectaron en Airbnb y que estarían incumpliendo diferentes normativas. Por un lado, los anuncios no incluyen el número de licencia o registro, lo que es obligatorio en varias normativas autonómicas y supone la infracción más común en la publicidad que ha sido analizada.
Además, los anuncios no indican la naturaleza jurídica de los arrendadores. Es decir, no indican si los arrendadores son profesionales o particulares, una cuestión que resulta fundamental para saber si quien contrata está protegido como consumidor o no.
Y por último, los anuncios incorporan números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades. Esta práctica puede inducir a error o a engaño a las personas consumidoras.
Esta actuación se suma a la eliminación y subsanación de otros 4.000 anuncios que realizó Booking hace un mes, la mayoría de viviendas ubicadas en Canarias, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra, La Rioja y Castilla la Mancha tras el envío de un primer requerimiento a la plataforma estadounidense.
Tras estas actuaciones, la Unidad de Análisis de Consumo ha identificado otros 55.000 anuncios (54.728) que no disponen del número de registro oficial, obligatorio por la legislación vigente desde el pasado 1 de julio. El ministerio dará traslado de esta información a la plataforma para que sean eliminados o subsanados.
Con esta acción, el ministerio ratifica su compromiso de hacer cumplir la legalidad y garantizar el derecho constitucional a la vivienda “por encima de los beneficios de las grandes multinacionales”, como ha manifestado el ministro en diversas intervenciones públicas. Por esta razón, la Unidad de Análisis de Consumo va a continuar trabajando para identificar y denunciar potenciales anuncios ilegales en las diferentes plataformas digitales especializadas en el alquiler de alojamientos turísticos.
