El hotel The Bell de Epping (nordeste de Londres) no es a primera vista el lugar a donde uno iría disfrutar un fin de semana romántico (salvo que esté muy apretado de dinero). Más bien es un establecimiento en el que pasar la noche antes de una boda, un bautizo o un funeral al día siguiente.
El fin de semana romántico no es en cualquier caso una opción porque lleva tiempo cerrado al público, reservado en su totalidad por el Gobierno para albergar a 138 solicitantes de asilo, en su inmensa mayoría africanos y asiáticos, con un coste de 200 euros la noche pagados por el contribuyente. Y sin botellas de champán o una bandeja de frutas para dar la bienvenida, ni una chocolatina en la almohada después de que te abran la cama. Ninguna bicoca.
El Gobierno tiene a 30.000 solicitantes de asilo repartidos en hoteles, ante la falta de pisos donde ubicarlos
En las últimas semanas ha sido el escenario de protestas y enfrentamientos, en algunos casos violentos, a raíz de que uno de sus huéspedes fuera acusado de acosar sexualmente a una niña de catorce años (cosa que él niega). A través de las redes sociales, la ultraderecha ha atizado el fuego llamando a la acción “para impedir que sirios y afganos violen a nuestras hijas y nuestras mujeres”.
Ahora un juez ha obligado a las autoridades a desalojar a los inmigrantes del hotel antes del 12 de septiembre, aceptando una demanda del ayuntamiento de Epping en la que alegaba que el establecimiento carecía del permiso administrativo para albergar a solicitantes de asilo. Lo cual puede desatar un alud de resoluciones similares en todo el país.
La sentencia ha sembrado el caos en la política migratoria del Gobierno Starmer, que tiene a 32.345 aspirantes al asilo repartidos por 210 hoteles (en general en contra del deseo de los habitantes de la zona). Es la alternativa a colocarlos en pisos (hay otros 70.000 en este tipo de alojamiento), algo que permite que pasen más desapercibidos en las comunidades, pero cada vez más difícil por la escasez de viviendas de alquiler asequible.
El líder ultraderechista Nigel Farage, padrino de la conexión entre inmigración y violencia en el Reino Unido, ya ha dicho que presentarán demanadas similares en los doce ayuntamientos en los que manda su partido. Y para no ser menos los tories se han subido al carro de denunciar la situación, lo cual encierra una considerable dosis de cinismo dado que fueron ellos los que iniciaron esa política, antes de sacar el periscopio, ampliar las miras y pretender enviar a los inmigrantes a a Ruanda.
Ahora Starmer se encuentra con la patata caliente de buscar alternativas a los hoteles, barajándose opciones como bases militares, ferries, cruceros y barcazas. Lugares en los que uno no pasaría la noche por voluntad propia.
