Hace ahora cuarenta y cinco años, Felipe González Márquez, secretario general del Partido Socialista Obrero Español, defendía en el Congreso de los Diputados una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez González. Era la primera moción de censura una vez aprobada la Constitución. Días 28, 29 y 30 de mayo del 1980. Era la primera vez que se activaba el mecanismo de exigencia de responsabilidad al Ejecutivo, incluido en el artículo 113 de la Carta Magna. Un mecanismo que requiere el apoyo de al menos el 10% de los diputados y la presentación de un candidato alternativo a la presidencia del Gobierno. Si la iniciativa obtiene el apoyo de la mitad más uno del Congreso, el presidente censurado debe dimitir y es investido el candidato que encabeza la moción, que no necesariamente tiene que ser miembro del Parlamento. Puede ser candidato cualquier ciudadano español mayor de edad apoyado por más del 10% de los diputados. (Recordemos la moción encabezada por el economista Ramón Tamames, de 92 años, en marzo del 2023, promovida por Vox).
El mecanismo previsto por la Constitución española se llama moción constructiva. No basta con censurar y tumbar al Gobierno. Hay que presentar un candidato y un programa alternativos. Es un modelo inspirado en la Ley Fundamental de Bonn de 1949, la norma constitucional con la que se fundó la República Federal Alemana. La ‘moción de censura constructiva’ fue ideada con el propósito de evitar que se repitiese la crónica inestabilidad de la República de Weimar (1918-1933), cuyo hundimiento abrió paso a la dictadura nazi. Atención a este dato. España adoptó en 1978 mecanismos anti Weimar para garantizar la estabilidad del Ejecutivo y asegurar la consolidación del sistema democrático.
Hasta la fecha, en un arco de 47 años, en España se han presentado seis mociones de censura. Sólo ha triunfado una: la de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy a finales de mayo de 2018, hace ahora siete años. El Partido Popular sólo ha presentado una, la de Antonio Hernández Mancha contra Felipe González en 1987, que acabó mal para el candidato de la derecha.
La primera fue la de Felipe González contra Adolfo Suárez y provocó mucha expectación. La situación del país no era fácil. Crisis económica, recaída de la crisis del petróleo de 1973. Inflación del 15,5%. Tasa de crecimiento económico del 1%. Tasa oficial de desempleo del 11,3% y subiendo. PIB per cápita de unos 6.000 dólares. Ruido de sables en los cuarteles y terrorismo de ETA. Una mínima estabilidad política garantizada por los Pactos de la Moncloa de 1977 y la reciente aprobación de la Constitución (1978). Un país que aún no había ingresado en la Comunidad Económica Europea. Atraído por la posibilidad de competir con González, al que había derrotado dos veces en las urnas (1977 y 1979), Suárez ralentizaba el ingreso en la OTAN y abrazaba al líder palestino Yasser Arafat. La derecha de toda la vida no daba crédito. El presidente de la transición quería durar con ropajes de centroizquierda.
Suárez había entrado en fase desgaste, sin embargo. Los poderes fácticos, banca, patronal, grandes propietarios agrarios, altos mandos militares, una parte de la jerarquía eclesiástica, algunos medios de comunicación privados (menos numerosos que en la actualidad), más un extenso sotobosque de nostálgicos del franquismo, habían perdido la confianza en él. Su partido, Unión de Centro Democrático, se hallaba profundamente dividido y era escenario de una intensa lucha de facciones. Buena parte de esos poderes fácticos consideraban que Suárez había hecho demasiadas concesiones a la izquierda y a los nacionalistas en el debate constitucional y que la misión que le había encomendado el Rey ya se podía dar por concluida. El Suárez de centroizquierda que se abrazaba a Arafat y demoraba el ingreso en la OTAN era visto como un incómodo tapón que dificultaba la formación y el despliegue de un gran partido conservador en España. En los cuarteles se conspiraba y el general Armada soñaba con presidir un gobierno de unidad nacional.
La primera moción fue la de Felipe González contra Adolfo Suárez y causó mucha expectación
A los socialistas, evidentemente, no les hacía ninguna gracia que Suárez intentase aproximarse a su terreno electoral con una insólita convergencia táctica con los comunistas (eurocomunistas, en el lenguaje de aquellos años), que se había plasmado en los pactos de la Moncloa de 1977. Después de haber centrado al PSOE con el abandono de las tesis marxistas en 1979, Felipe González necesitaba afirmar su liderazgo, dar a conocer su programa, acelerar el desgaste de Suárez, avivar la crisis de UCD y empujar al PCE a una posición marginal. González no tenía los votos necesarios para ganar aquella moción de censura, pero sabia que la podía ganar políticamente ante la opinión pública, como así fue. Suárez se lo facilitó delegando muy buena parte del debate en el vicepresidente Fernando Abril Martorell y en sus ministros, lo cual fue interpretado como un gesto de soberbia y desdén. Existe consenso entre los historiadores en que Felipe González fue el ganador político y moral de la primera moción de censura de la recuperada democracia española.
Eran tiempos difíciles. Suárez presentó la dimisión unos meses después, en enero del 1981, dando a entender que su continuidad en el cargo podía provocar un golpe de Estado. Dimitió el 29 de enero y el 23 de febrero de 1981 hubo una grave tentativa de golpe. El nuevo gobierno de UCD, encabezado por Leopoldo Calvo-Sotelo, aceleró la adhesión de España a la OTAN y no pudo evitar el declive del partido centrista, que ya había agotado su misión. González obtuvo una aplastante mayoría absoluta en las elecciones generales de octubre de 1982, dos años después de la moción de censura. ¿El senequista González del 2025, tan preocupado por la estabilidad de las instituciones, autorizaría hoy al joven González de 1980 la presentación de una moción de censura en pleno vendaval golpista? Me temo que esa ucronía no tiene hoy respuesta.
Cuarenta y cinco años después, el primer partido de la oposición asegura que la “mafia” gobierna en España, pero no presenta moción de censura en coherencia con la gravedad de tal afirmación. En 1980, el PSOE acusaba a Suárez de “tramposo”. “Suárez es el tahúr del Mississipi”, decía Alfonso Guerra, Los socialistas no eran nada amables con él, pero nunca se sobrepasaron determinados límites verbales. Nadie los sobrepasaba. La democracia se percibía frágil y en peligro. Había ruido de sables.
En el 2025, la economía española presenta un crecimiento del 3%, la inflación es del 1,9%, la tasa de paro es del 12,2%, y el PIB per cápita asciende a 34.000 dólares. En términos materiales, el país está mucho mejor que en 1980, pero la democracia liberal palidece en muchos lugares del mundo, sometida a un estrés muy fuerte. Muchos cambios difíciles de asimilar, muchos miedos ante el futuro, un grave repunte de la desigualdad social, muchas demandas sociales, mucha incertidumbre, creciente atracción por las políticas autoritarias. Una presión creciente en este sentido desde los Estados Unidos. España no es una excepción en ese nuevo paisaje. España tiene en estos momentos uno de los pocos gobiernos de izquierda que sobreviven en la Unión Europea. Un gobierno con una frágil mayoría parlamentaria que tiene muy en contra a la opinión dominante en los circuitos de poder de la capital. Un Gobierno que hoy no logra transmitir un rumbo suficientemente claro, pese a que la opinión sobre sus políticas ha mejorado en el último año. (Véase el sondeo publicado por La Vanguardia el pasado domingo). La lucha política en España ha alcanzado en los últimos veinte años una aspereza difícil de hallar en otros países europeos.
“Nos gobierna la mafia”, dice el PP, que esta semana ha visto como entraba en prisión un ex secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, alto responsable de la política de seguridad pública durante el mandato de Mariano Rajoy, acusado de colaborar con una banda dedicada al robo de datos. El detenido tiene un juicio pendiente por el caso Kitchen (intento de encubrir el caso Gürtel con la utilización ilegal de la Policia). “Vivimos en un lodazal”, escribía ayer en un diario madrileño Jorge Fenández Díaz, ex ministro del Interior con Rajoy, antiguo superior de Martínez, que en estos momentos afronta una petición fiscal de 15 años de prisión por haber permitido, presuntamente, la utilización de efectivos de la Policía para obstaculizar la investigación del más grave escándalo de corrupción referido al PP. Fernández Díaz está acusado de encubrimiento, malversación de fondos y delito contra la intimidad. El caso Kitchen será juzgado el año que viene.
“Nos gobierna la mafia”. El PSOE habría enviado a una militante suya a los sótanos de Madrid a buscar trapos sucios de la UCO, la unidad de investigación de la Guardia Civil dedicada a funciones de policía judicial. Un capitán de esa unidad, hoy contratado para labores de seguridad en la Comunidad de Madrid, habría dicho en una conversación con un confidente -conversación publicada estos días-, que había que desembarazarse de Pedro Sánchez a toda costa. [La cadena de televisión la Sexta ha rectificado hoy una información anterior en la que se apuntaba que el citado guardia civil fantaseaba con colocar una bomba lapa en los bajos del coche de Sánchez. Según la nueva versión, era él quien temía una bomba lapa en su coche]. El jaleo es tremendo en Madrid. Estamos ante la cuarta ola de crispación desde otoño del 2023: pacto del PSOE con Junts, ley de amnistía, caso Koldo-Ábalos, UCO…
La gravedad de la acusación lanzada convierte en obligatoria esa moción de censura
Mafia. La acusación es gravísima, pero Alberto Núñez Feijóo no quiere seguir los pasos de Felipe González en 1980. No quiere comparecer ante el Parlamento para batirse dialécticamente durante tres días con el presidente del Gobierno, para ofrecer una alternativa a la sociedad, sembrar bien la semilla del cambio, fortalecerse ante la opinión pública y reforzar su autoridad en el PP. Dice que no tiene los números. Tampoco los tenía González. Una moción de censura bien resuelta en términos políticos, con un Feijóo fuerte en la tribuna de oradores, explicando con claridad sus planes de futuro, indicando cuáles podrían ser sus futuras alianzas, podría ser el mejor prólogo del congreso que tienen previsto celebrar los populares en julio.
La gravedad de la acusación lanzada convierte en obligatoria esa moción de censura. Un país no puede ser gobernado por la ‘mafia’ sin que se activen de inmediato los mecanismos constitucionales de exigencia de responsabilidades al Ejecutivo. La existencia o no de mayoría parlamentaria para que la moción prospere es secundaria ante tales circunstancias. Lo importante es activar el mecanismo constitucional, el mecanismo anti Weimar copiado en 1978 de los demócratas alemanes. Lo importante es activar el Parlamento. Lo importante es actuar en consecuencia ante la gravedad de lo que se afirma…, si es que se habla en serio.
¿Lo dice en serio el Partido Popular? ¿Se lo cree Núñez Feijóo, que antes de pronunciar esa palabra seguramente habrá mirado su álbum de fotos, habrá respirado hondo y habrá contado hasta cinco? ¿Lo dicen en serio los dirigentes del PP gallego que en los años ochenta y noventa vieron crecer el narcotráfico en su tierra hasta extremos que estuvieron a punto de quedar fuera del control del Estado? Si hablan en serio, la moción de censura ya debería estar registrada en el Congreso. Si juegan con la hipérbole para llamar la atención de una ciudadanía hastiada de tanto enfrentamiento político, si juegan a enardecer el lenguaje para atraer a votantes de Vox, quizás estemos ante una estrategia de comunicación más que discutible. El síndrome de Weimar sólo beneficia a la extrema derecha. Está históricamente comprobado. Por eso los demócratas alemanes idearon la moción de censura constructiva.
