En octubre, DG Grow –la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes de la CE– presentó al consejo los resultados de su encuesta sobre la morosidad que afecta a las pymes en la UE. La conclusión es que la morosidad sigue siendo un fenómeno generalizado y perjudicial para las pymes. Los resultados muestran que la morosidad no es un problema aislado, sino sistémico y estructural. La encuesta de la comisión confirma lo que las pymes llevan años diciendo: las medidas actuales contra la morosidad no funcionan y por eso es necesario modificar el marco normativo.
La encuesta recopiló 3.503 respuestas. La mitad de los encuestados eran microempresas y procedían de una amplia gama de sectores, como el comercio minorista, la fabricación, la construcción, el transporte y la logística. Un sorprendente 73% de las empresas afirmó tener problemas con los retrasos en los pagos. Los encuestados señalaron la falta de sanciones y la ineficacia de las medidas coercitivas como las principales causas de la persistencia del problema.
El retraso en los pagos también se identificó como un obstáculo clave para la inversión y el crecimiento. Para muchas pymes, los retrasos en los pagos suponen el aplazamiento de proyectos, la pérdida de oportunidades y una menor competitividad. Los encuestados señalaron prácticas injustas generalizadas, como la imposición unilateral de los plazos de pago, lo que socava la libertad contractual y deja a los proveedores más pequeños con pocas opciones. En particular, el 63% de los encuestados pidió que se estableciera un límite máximo para los plazos de pago a fin de restablecer el equilibrio y la previsibilidad en las transacciones comerciales.
Según SMEunited (asociación que representa los intereses de las pymes en la UE) si las instituciones europeas buscan formas de mejorar la competitividad empresarial de las pymes, la mejor manera de ofrecerles soluciones efectivas es garantizar que los plazos de pago sean razonables. Para SMEunited, es inaceptable que las pymes se sientan obligadas a aceptar plazos de pago injustamente largos solo para conservar a sus clientes. Un marco normativo europeo claro y aplicable empoderaría a las pequeñas empresas y haría que el mercado único fuera más justo. Las instituciones europeas no pueden tomarse en serio la mejora del mercado único si no apoyan unas condiciones de pago justas.
En otro orden de cosas, el informe anual del Observatorio de Pagos de la UE reveló que la proporción de empresas con problemas de morosidad en la UE experimentó su mayor aumento de los últimos cinco años. Los plazos medios de pago en las transacciones entre empresas (B2B) se han deteriorado considerablemente. Para abordar el problema, la comisión propuso en septiembre del 2023 un nuevo reglamento de lucha contra la morosidad. La propuesta introduce medidas estrictas para evitar las demoras en el pago, garantiza el pago de los intereses devengados y de los gastos de cobro y establece medidas de ejecución y reparación para proteger a los acreedores de los malos pagadores. Sobre el papel, esta norma de derecho europea sería una excelente solución; ahora bien, dos años después el reglamento todavía no se ha aprobado por diferencias entre los estados miembros. Y mientras tanto, las pymes siguen sufriendo problemas de tesorería y mayores costes de financiación de sus ventas.
