La nueva empresa estatal de vivienda recibirá, como transmisión lucrativa, es decir, como donación, más de 40.000 pisos de la Sareb y otros 2.400 suelos con capacidad para construir otras 55.000 viviendas. El objetivo es impulsar el parque público de vivienda de forma que estos inmuebles pasen a estar disponibles para ofertarlos en alquiler asequible, es decir, por debajo de precio de mercado. El valor de mercado de estos activos inmobiliarios alcanza los 5.900 millones.
La nueva sociedad, que nacerá a partir del actual Sepes, asumirá la propiedad y gestión de estos activos inmobiliarios que en su día pertenecieron a las algunas de las antiguas cajas de ahorro. Dichos inmuebles y suelos fueron asumidos por el antiguo banco malo. Algunos de ellos estaban a la venta y otros se encuentran ya arrendados a través del llamado plan Viena, que ofrece alquileres asequibles a familias en situación de vulnerabilidad. Hay que recordar que el Gobierno decidió hace unos meses suspender el proceso de venta de la promotora de la Sareb, Arqura Homes, que había incorporado buena parte de estos activos residenciales.
Los 40.000 inmuebles que recibirá la Sareb serán ofertados en alquiler asequible. La renta, por tanto, no podrá superar el 30% de los ingresos de las familias que vivan en estos pisos, ha asegurado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Los encargados de gestionar los arrendamientos a precios por debajo de mercado serán el propio Sepes, así como las empresas públicas de vivienda de comunidades autónomas y ayuntamientos, otros organismos, como el Incasol en Catalunya, o entidades del tercer sector o con lucro limitado. En el caso de los suelos, el Ejecutivo asegura que hay promotoras privadas con interes en colaborar en la construcción de vivienda asequible.
El Gobierno ha seguido unos criterios específicos para seleccionar los activos que pasan a formar parte del Sepes. Buena parte de ellos están ubicados en Catalunya y en la Comunidad Valenciana, aunque Vivienda no ha hecho público la localización exacta de los mismos. En primer lugar, ha aplicado un criterio geográfico. Se trata de viviendas ubicadas en municipios de áreas metropolitanas e islas de más de 5.000 habitantes o con más de 1.000 que cuentan con un crecimiento de su población superior al 5% en los últimos diez años.
El segundo criterio es el económico. A la nueva oferta de la empresa estatal de vivienda se incorporarán inmuebles con una superficie de hasta 85 metros cuadrados útiles independientemente del valor de tasación y aquellas con una superficie de hasta 150 metros cuadrados útiles cuyo valor de tasación no supere en un 40% el valor que resultaría de multiplicar la extensión del inmueble por el precio medio de vivienda libre reflejado en la índice oficial de vivienda.
Por último, estos 44.000 inmuebles no tendrán problemas estructurales ni estarán ocupados.
En el caso de los suelos que se incorporarán al parque de la nueva empresa de vivienda, estos estarán en municipios de más de 5.000 habitantes y tendrán una superficie de más de 150 metros cuadrados.
Un problema para la deuda pública
La decisión de que la Sareb donde al Ministerio de Vivienda una serie de activos inmobiliarios complica aún más la devolución del rescate financiero de la anterior crisis inmobiliaria. Hasta ahora, el antiguo ‘banco malo’ había reconocido que nunca podría retornar 14.600 millones de deuda, cantidad que se incrementará con el traspaso de parte de los activos al Sepes. El exministro de Economía, Luis de Guindos, cifró el rescate de las cajas de ahorro en unos 50.000 millones y llegó a afirmar que el salvavidas no costaría ni un euro a los contribuyentes españoles.
La deuda de la Sareb, provocada en buena medida por una sobrevaloración de los activos de las antiguas cajas de ahorro, es pública y está avalada por el Estado. Los tenedores de los bonos de deuda de la entidad dependiente del Ministerio de Economía son los principales bancos, como Santander, CaixaBank y BBVA. El Tesoro público tendrá, por tanto, que decidir en el 2027, que es cuando expira el mandato de la sociedad, qué hacer con esta deuda contabilizada como pública. En principio, si no se toma ninguna decisión ese año, la deuda pasaría a ser contabilizada en los Presupuestos Generales del Estado.
El anuncio de hoy también complica el proceso de venta del resto de activos de la Sareb. La entidad acumula una deuda de más de 29.000 millones, pero va a perder activos significativos de vivienda residencial que podría haber vendido para ir reduciendo dicha cantidad.
