La OCDE ha publicado este miércoles el informe plurianual en el que, cada cierto tiempo, tira de las orejas al Gobierno español. La vez anterior en que se presentó este documento fue en el 2023. En esta ocasión, los principales reproches se dirigen a la falta de medidas para afrontar el coste del envejecimiento de la población, lo que pasa por reformar las pensiones o facilitar la regularización simplificada de los inmigrantes.
El organismo internacional dibuja un escenario de crecimiento y buenas perspectivas para la economía española, pero sus buenas impresiones se van oscureciendo conforme se extienden en el tiempo. El país sufre uno de los procesos de envejecimiento poblacional más acusados del mundo, con riesgo de que se dispare la deuda pública, y la receta de la OCDE pasa por abordar medidas difíciles, incluidas reformas en las pensiones más ambiciosas que las adoptadas por José Luis Escrivá en el 2023. También pide mayor flexibilidad en el mercado laboral y da toques de atención en torno a la corrupción.
Una de las principales propuestas del Estudio Económico sobre España de la OCDE tiene que ver con ampliar a 35 años el periodo de cálculo de la pensión de jubilación. “Al implementar plenamente la extensión gradual del periodo de cotización a los mejores 29 años, como se legisló en la reforma del 2023, España se acerca a las mejores prácticas de la OCDE, pero el periodo de referencia para el cómputo de las pensiones debería ampliarse más, por ejemplo hasta los 35 años, para garantizar la estabilidad financiera”.
En la actualidad el periodo de referencia son los últimos 25 años de cotización, aunque se ha incorporado un mecanismo que lo eleva gradualmente hasta el 2036, momento en el que será de 28,6 años, con la opción de eliminar los 24 meses más desfavorables.
El informe de la OCDE ha sido presentado este miércoles en Madrid por el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann. Allí se indica además que la ampliación a 35 años de este de cómputo reduciría en 0,9 décimas el déficit público anual.
“Dos llaves” para sostener el sistema
Frente a las recomendaciones de la OCDE sobre pensiones, Cuerpo se ha defendido asegurando que el Gobierno tiene “dos llaves” de respuesta. La primera, ha indicado en la rueda de prensa de presentación del informe, tiene que ver con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad fiscal remitidos a Bruselas. “Indica que estamos teniendo en cuenta la evolución de los gastos”. La segunda tiene que ver con la cláusula que obliga a revisar cada tres años el gasto en pensiones. “Por ahora la Airef no ha recordado medidas adicionales para garantizar la sostenibilidad”, ha recordado.
Una deuda del 135% del PIB en el 2050
Este elemento, el del déficit y la deuda, es una de las principales amenazas para la economía española fruto del envejecimiento. La previsión es que la mayor presión asociada a las pensiones elevará en el 2050 la ratio de deuda pública sobre PIB al 135%. “El envejecimiento elevará los gastos en pensiones, en salud y en cuidados a largo plazo”, señala. “Pese a la reciente reforma, el gasto en pensiones aumentará creando una creciente stock de pasivos implícitos que no están provisionados a día de hoy”, indica.
A la OCDE tampoco le gusta la indexación de las pensiones a la inflación y la ausencia de un mecanismo que adapte de forma automática las pensiones al aumento de la esperanza de vida. Esto último se cita también como un elemento clave. El factor de sostenibilidad fue eliminado en la anterior reforma.
Críticas a la asistencia de desempleo para los mayores de 55 años
Otra de las principales propuestas tiene que ver con la reforma de la asistencia no contributiva de desempleo para los mayores de 55 años. Según la OCDE, esta fórmula de apoyo a los trabajadores mayores desincentiva la reinserción laboral debido a su duración ilimitada, la falta de una prueba de recursos a nivel familiar y la acumulación de derechos de pensión después de la expiración del subsidio de desempleo. “Se recomienda que los trabajadores de todas las edades reciban el mismo apoyo”, afirma.
Este esquema, indica, hace que la prestación a mayores de 55 años actúe como “una ruta de facto a la jubilación anticipada”, ya que los beneficios pueden ser superiores a los salarios obtenidos en trabajos de baja remuneración. Más del 70% de los beneficiarios de la asistencia por desempleo tienen 50 años o más.
“Cerrar la brecha de empleo para los mayores de 55 años”, afirma, es la que mayor efecto inmediato tendría al elevar el PIB, más que otras medidas defendidas en el informe, como la implantación de mecanismos anticorrupción, la reducción de cargas administrativas a las pymes, el aumento del gasto en I+D o las políticas activas de empleo.
Coincide con la previsión de crecimiento del Gobierno y Bruselas: un 2,9% para este año
La OCDE recuerda que el Gobierno aspira a que la deuda equivalga al 90,6% del PIB en el 2031, si bien el organismo internacional vaticina un “significante incremento” en esta variable a partir del 2040 asociada a “los costes de envejecimiento”.
El momento económico es “fuerte” y la OCDE se suma al Gobierno y a la Comisión Europea al pronosticar un crecimiento del 2,9% para este año. Sin embargo, su recomendación es que se aproveche la situación para “acelerar el camino de la reducción del déficit” para “reconstruir con rapidez los excedentes fiscales con los que responder a shocks futuros”.
También pide incentivos para trabajar más años a través de “itinerarios más flexibles de jubilación” y una “mejora de la integración de los inmigrantes mediante la ampliación de los canales legales y la regularización simplificada”.
Apoyo a la inmigración para compensar el envejecimiento
“Las reformas recientes han ampliado las vías de migración legal y regularización, pero se necesitan esfuerzos para ampliar apoyo a la integración temprana en la formación de idiomas, empleo asistencia en la búsqueda y orientación vocacional, así como como garantizar una integración temprana y exitosa de jóvenes de segunda generación”, asegura el informe.
Sobre el salario mínimo, los gráficos de la OCDE muestra que, en términos de porcentaje sobre el salario medio, sigue en una situación más desfavorable que la media internacional. Sin embargo, ha aumentado en España más rápido que la inflación y la productividad, y por eso avisa de que podría empezar a provocar “efectos negativos sobre el empleo”.
Mix fiscal, vivienda y corrupción
Hay también una alusión a la necesidad de reequilibrar el mix fiscal. Según la OCDE, las cargas fiscales asociadas al empleo son en España mayores a la media, por lo que recomienda derivar esta presión fiscal hacia otras obligaciones donde se dé la situación contraria. Es el caso de los impuestos a los beneficios empresariales o al consumo. “Los costes laborales desaniman potencialmente el empleo y la creación de puestos de trabajo”, afirma.
En lo referido a la vivienda, constata que España es el cuarto país de la OCDE con menos alquiler social y el tercero con más inquilinos en riesgo de pobreza, con casi el 40%. Su receta consiste en acelerar los procesos para liberar suelo y en construir vivienda social.
Hay también un amplio apartado dedicado a la corrupción en el que se reclama una mayor transparencia mediante la regulación de los lobbies. La percepción de la corrupción sigue siendo alta, y eso afecta también a la vida económica del país, avisa.
Hay también un toque de atención a la contratación pública. El porcentaje de contratos sin concurso competitivo y con un solo oferente se ha elevado del 17,7% al 45,1% en el 2021, que es el último año. También, dice, deben controlarse los intentos de sobornos desde el exterior.
