La reclamación patrimonial de hasta 357,8 millones de euros presentada por General de Galerías Comerciales, propietaria de Mataró Parc, ha abierto una nueva polémica política en el Ayuntamiento de Mataró. Junts por Mataró y Esquerra Republicana acusan al gobierno del socialista David Bote de falta de transparencia en la gestión del caso y reclaman toda la documentación relacionada con un conflicto urbanístico que puede tener graves consecuencias económicas para la ciudad.
La oposición cuestiona especialmente que el ejecutivo municipal no haya facilitado el expediente completo ni los informes técnicos y jurídicos para conocer la base de la reclamación y la estrategia de defensa del consistorio. ERC sostiene que la demanda entró hace meses y denuncia que el gobierno convocó una junta extraordinaria de portavoces sin orden del día, en la que ofreció información que considera insuficiente y superficial, sin entregar documentación por escrito.
Según la formación republicana, el ejecutivo se comprometió a facilitar la respuesta municipal después de que la oposición así lo exigiera, pero no el expediente íntegro. ERC considera que esta forma de proceder incumple el acuerdo municipal que obliga al gobierno a informar a los grupos de las novedades de los procedimientos judiciales a medida que se producen. Por eso, exige que se explique públicamente por qué no se les informó con más antelación.
Junts, por su parte, reclama una relación de las actuaciones municipales llevadas a cabo, los informes que centran las decisiones adoptadas y un calendario para resolver la situación urbanística pendiente. La formación considera que la magnitud de la reclamación exige explicaciones políticas, además de una defensa jurídica rigurosa de los intereses municipales, y pide que la ciudadanía pueda conocer cómo se ha gestionado el conflicto en los últimos años.
El partido nacionalista recuerda que un dictamen jurídico encargado por el Ayuntamiento en 2018 ya señalaba la necesidad de regularizar la situación urbanística del sector C-1 Cirera Nord. Posteriormente, en marzo de 2019, la alcaldía encargó estudios previos para abordar el futuro planeamiento de la zona. Junts quiere que el gobierno detalle qué actuaciones se han llevado a cabo desde entonces y conocer los obstáculos administrativos y jurídicos, además de las decisiones que están pendientes.
La controversia llega después de que el gobierno municipal defendiera que el Ayuntamiento no debe indemnizar a Mataró Parc y sostuviera que una ampliación del centro comercial debería limitarse a unos 11.000 metros cuadrados. La empresa reclama hasta 357,8 millones por los perjuicios ante la imposibilidad de desarrollar la ampliación prevista. Sin embargo, la pretensión económica no implica una condena ni el reconocimiento de ninguna deuda por parte del consistorio.
ERC interpreta la reclamación como una forma de presión para forzar una modificación urbanística para ampliar el complejo comercial. La formación republicana señala que la empresa ha advertido que los daños reclamados podrían aumentar si no se aprueba la modificación y considera que esa circunstancia puede condicionar las decisiones municipales sobre el futuro del sector.
Los republicanos reiteran su rechazo a una ampliación de Mataró Parc y defienden que el modelo comercial de la ciudad debe priorizar los establecimientos de proximidad, los mercados municipales y los ejes comerciales del centro y de los barrios. Juntos, por su parte, hace hincapié en la necesidad de justificar cualquier ampliación con criterios urbanísticos, ambientales, comerciales y de movilidad, además de evaluar sus efectos sobre los equipamientos públicos de la zona.
La formación republicana también pide que el gobierno explique con transparencia los criterios que sustentan la posibilidad de autorizar un crecimiento limitado de la superficie comercial, una opción que el ejecutivo ha manifestado que estaría dispuesto a estudiar.
