El PP quiere llevar al Gobierno al Tribunal Constitucional por no presentar en las Cortes los Presupuestos Generales del Estado para su aprobación. Las cuentas prorrogadas se han convertido en un recurso habitual ante la dificultad de los partidos para llegar a acuerdos en un tiempo en el que las mayorías absolutas son una rareza. Pedro Sánchez asegura que se presentarán antes de final de año. Ahora mismo no cuenta con apoyos para aprobarlas, aunque nada es imposible si se cumplen algunas condiciones en el primer trimestre del 2026. Lo cierto es que, en términos económicos, no son ahora una urgencia. En cambio, son relevantes políticamente. Si no hay presupuestos, se ahonda en la imagen de un Gobierno sin sostén parlamentario, que se aferra al poder, mientras que, de conseguirlas, supondrían un varapalo al PP, que no atraviesa su mejor momento.
¿Por qué no existe preocupación en la Moncloa por aprobar las cuentas? Aparte de los mayores ingresos públicos que proporciona el ritmo de crecimiento económico de España, Sánchez cuenta con una inyección de 10.000 millones de los fondos europeos para la transición ecológica que llegarán antes de final de año una vez aprobada la ley de movilidad sostenible, condición previa impuesta por la Comisión Europea para dar luz verde a la concesión de ese dinero. Aunque pasó más desapercibido que otros episodios de la política española, la abstención de Podemos a esa ley, que permitió así aprobarla, fue muy relevante. Podemos ahoga, pero no mata. Al menos en esta ocasión. Por otro lado, España tiene que gastar este año más de 30.000 millones en defensa para cumplir con el 2% comprometido con la OTAN. De hecho, el Gobierno está buscando con urgencia proyectos industriales donde invertir ya unos 10.000 millones en ese ámbito.
No hay presupuestos, pero los empresarios se están beneficiando de una fuerte inversión pública
Pero la insistencia del PP en la falta de presupuestos pone en evidencia los frágiles apoyos de Sánchez y permite también a Alberto Núñez Feijóo cambiar de registro en su labor de oposición e incidir en asuntos económicos. Desde hace meses, el discurso del líder popular en cada sesión parlamentaria en la que se enfrenta al presidente se limita a la corrupción. Sin embargo, lejos de surtir efecto, más bien provoca una cierta insensibilización de la opinión pública, a tenor de las encuestas, al menos mientras no surjan nuevas revelaciones escandalosas. Por ello, Feijóo ha decidido introducir el recurso al TC por los presupuestos y la denuncia del incremento de las cuotas de los autónomos, que le permite generalizar sobre un exceso de presión fiscal pese a la notable recaudación pública. El líder del PP había eludido la economía en la presión al Gobierno, pero ahora quiere seducir a los votantes de clase media con el discurso del abuso impositivo como causa de su empobrecimiento. Además, las cuotas de los autónomos pueden convertirse en un problema para el PSOE, ya que la propuesta disgusta a bastantes de sus socios, desde Sumar a Junts, pasando por Podemos y el PNV.
Pese a que la CEOE mantiene un enfrentamiento constante con las iniciativas de la vicepresidenta Yolanda Díaz, la relación del empresariado con el Gobierno es mejor de lo que aparenta porque la inversión pública llega con fluidez. En el caso catalán, además, donde se concentra buena parte de la pequeña y mediana empresa, se valora también el apoyo de Sánchez al Banc Sabadell frente a la opa del BBVA. Y prueba de su importancia es que ni siquiera el PP abogó en este caso por la no injerencia en el libre mercado. Aunque Feijóo haya concentrado toda su estrategia en los casos judiciales abiertos, Sánchez aguantó el momento crítico y el regreso de las vacaciones ha evidenciado que los populares necesitan algo más que simplemente fiarlo todo a que la Guardia Civil destape una presunta financiación irregular del PSOE.
Sánchez escucha a Feijóo durante la sesión de control de esta semana
El PP aprovecha la subida de cuotas a los autónomos, que tampoco gusta a los aliados de Sánchez
No aprobar los Presupuestos, sin embargo, revela la debilidad parlamentaria del Gobierno. Junts ha congelado el apoyo a Sánchez a la espera de resultados a sus demandas pendientes. El pasado lunes volvieron a reunirse en Suiza José Luis Rodríguez Zapatero y Carles Puigdemont sin ningún avance a la vista. Los socialistas confían en desbloquear en algún momento el catalán en Europa para reconducir la relación con Junts, ya que la amnistía ha quedado relegada por el Tribunal Constitucional al primer trimestre del 2026. La necesidad de resultados es cada vez más imperiosa para los de Puigdemont ante el avance de Aliança Catalana. Los alcaldes de Junts, que el próximo lunes se verán con su líder en Bélgica, están preocupados. El partido de Sílvia Orriols podría presentar más de 300 candidaturas en las municipales. Puigdemont, además, no ha acogido bien el voto en contra del PSC a las resoluciones sobre un referéndum y el concierto económico. No es que esperaran que Salvador Illa respaldara esas iniciativas, pero sí que se abstuvieran para que salieran con los votos del resto de independentistas de la Cámara. Sin embargo, Junts sigue sin pensar en apoyar una moción de censura del PP. En este flanco, todo podría cambiar si se logra aplicar la amnistía.
Mientras la economía lo permita y los aliados no se rebelen, Sánchez tratará de hacer que la travesía le resulte lo más larga posible a Feijóo, que no logra despegarse de Vox en los sondeos. El PP ha puesto el acento en la inmigración para tratar de taponar la fuga de votos por su derecha y ha recuperado las promesas de menos impuestos para obtener el favor de lo que durante un tiempo Sánchez llamaba con insistencia “la clase media trabajadora”. Si antes de las vacaciones estivales parecía que los casos de presunta corrupción tumbarían al Gobierno, el PP parece asumir que tendrá que trabajarse una oferta que vaya más allá. La oposición no puede vivir solo de los tribunales.