La pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha ratificado hoy la querella contra del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz por la filtración de unos correos electrónicos entre su abogado y el fiscal que le investigaba por fraude y en los que reclamaba un pacto de conformidad para no llegar a juicio.
Durante su declaración como testigo ante el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, González Amador ha explicado que ese cruce de correos electrónicos que después acabaron en la prensa fueron enviados por su abogado sin su conocimiento.
El novio de la dirigente ‘popular’ ha subrayado que él pidió a su abogado, Carlos Neira, que buscara una solución con la inspección de la Agencia Tributaria para mantener su anonimato, según explican fuentes presentes en el interrogatorio.
Sin embargo, según su versión, desconocía que la estrategia de su letrado era un pacto de conformidad que pasaba por reconocer el fraude fiscal y pagar una multa. No obstante, considera que la estrategia era sólida y por eso mantiene la confianza de su abogado. González Amador insiste que él no cometió ningún fraude, no ha emitido facturas falsas, y que todo este asunto le ha provocado un “destrozo” personal y profesional, habiendo perdido clientes que mantenía desde hace quince años.
Según González Amador, no se enteró que había sido denunciado por la Fiscalía por fraude fiscal hasta el 11 de marzo del pasado año, 24 horas antes de que saliese publicado en los medios de comunicación. Ha apuntado que se enteró porque su portera le dijo que había un periodista de El Diario buscándole.
Al día siguiente, este medio publicó la denuncia de la Fiscalía. Fue ese día cuando se enteró que existían unos correos entre su abogado y el fiscal que llevaba el asunto de un mes antes, cuando su defensa intentaba buscar una solución y evitar la denuncia con un pacto de conformidad.
Su testimonio había sido inicialmente rechazado por Ángel Hurtado, el juez del Tribunal Supremo que investiga al número uno de la Fiscalía por un presunto delito de revelación de secretos . Sin embargo, la Sala de lo Penal dio la razón a García Ortiz y ordenó al instructor tomarle declaración.
El fiscal general pretendía con esta declaración que González Amador se retratase sobre si él autorizó que se filtraran esos correos a un medio de comunicación de manera interesada, lo que para el fiscal descartaría que pudiera darse el delito. Es decir, si el perjudicado ha filtrado esos correos, no puede sentirse víctima de tal filtración.
Durante su declaración, ha explicado que cuando tuvo conocimiento de los ‘mails’ se los hizo llegar al jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Esto coincide con la llamada de un periodista del diario El Mundo, que fue el primero que publicó parte de estos correos, aunque no la cadena completa de los tres mails sino sólo uno de manera parcial para dar a entender que el pacto había sido ofrecido por el fiscal en vez de por el abogado.
González Amador también se ha desvinculado de la filtración a este periódico y ha indicado que le dijo a Rodríguez que hiciera con ellos lo que viese. El jefe de gabinete reconoció cuando declaró como testigo que efectivamente tuvo acceso a los correos y que se los hizo llegar a varios periodistas, aunque en su defensa sostiene que lo hizo después de que ya corrieran por las redacciones de varios medios.
Esta es una de las últimas bazas del fiscal general para intentar evitar que Hurtado concluya la instrucción y le siente en el banquillo de los acusados. De hecho, el magistrado está pendiente de resolver la petición de una de las acusaciones populares personadas en la causa de cerrar la fase de instrucción y dictar auto de transformación en procedimiento abreviado, como paso previo al juicio oral.
Por ahora el Gobierno defiende la inocencia de García Ortiz y carga contra Díaz Ayuso, por lo que se descarta que el fiscal general del Estado deba dimitir a pesar de acabar acusado.
Tras esta declaración, el juez Hurtado ha acordado citar como testigos el 27 de mayo al abogado Carlos Neira y el 30 de mayo a cuatro periodistas.
El instructor accede a esta petición planteada por la defensa de García Ortiz. En el mismo auto, acuerda también que se incorporen a las actuaciones actas notariales de manifestaciones aportadas por los cuatro periodistas en los que manifiestan que el fiscal general del Estado no fue su fuente en la publicación de las noticias relacionadas con González Amador.
