El manejo de los tiempos políticos y parlamentarios que tantas veces se le reconoce al PSOE de Pedro Sánchez se le ha vuelto en contra en un momento delicado en el que el descontento social que genera el acceso a la vivienda está a punto de convertirse en una frustración generalizada que apunte hacia el Gobierno.
Los socialistas decidieron priorizar el curso pasado la reforma del Poder Judicial y la aprobación de la ley de Amnistía. Dos herramientas calendarizadas para primero desarmar a la oposición y después reforzar los acuerdos con sus socios para y así blindar la legislatura. Al menos la primera mitad.
Ante las dificultades que surgieron para rematar ambas iniciativas, Ferraz no dudó en destinar todos sus esfuerzos a desatascarlas. Incluso, como así se lo reprocharon algunos aliados, a costa de pausar la agenda social del Gobierno que tantos réditos le había supuesto al bloque progresista en años anteriores.
El plan, sobre el papel, era redondo. Hasta que ha llegado el momento de reactivar esa agenda. La vivienda se ha convertido en un agujero negro que lo mismo aspira el 50% del salario de los españoles en forma de alquiler o hipoteca que succiona los réditos que el PSOE pensaba cosechar tras su reciente batería de medidas sociales entre las que figuran la reforma de la ley mordaza y la aprobación de la ley ELA.
El descontento social puede transformarse en una frustración generalizada que apunte al Gobierno
Pero todo ha cambiado en las últimas semanas. Aumento descontrolado de los precios de los alquileres, oferta insuficiente, precariedad habitacional… La centrifugadora se ha acelerado de tal manera tras el verano que los objetivos de la primera ley de vivienda de España que vio la luz hace apenas dieciocho meses han cambiado de manera radical. Y con ellos también lo ha hecho el escenario político con los respectivos posicionamientos de los diferentes apoyos del Gobierno.
En este delicado contexto, el Partido Socialista, que hasta ahora caminaba con el freno de mano echado y calificaba las soluciones aportadas por Sumar, ERC o IU como “extremas”, va a tener que subir la apuesta mucho más de lo que lo hizo en septiembre la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, cuando se conformó con apelar a la “solidaridad” de los propietarios para bajar los alquileres.
Y lo va a tener que hacer sin descuidar los intereses de PNV y Junts quienes abogan por medidas poco intervencionistas como ya demostraron en 2023 votando en contra de la ley de vivienda. Los peneuvistas rechazan la inclusión de normativas nacionales que invadan las competencias autonómicas mientras que los de Carles Puigdemont tienen como línea de roja la protección de los intereses de los propietarios.
El PSOE está obligado a reaccionar desde esta misma semana. O se abre voluntariamente a celebrar un pleno monográfico en el Congreso sobre la vivienda para final de mes, o serán sus socios quienes lo convoquen arrastrando a Rodríguez a una comparecencia extraordinaria.
Sumar, en esta ocasión, no lo va a impedir. La vivienda es, junto a la reducción de jornada y la ampliación de permisos, su gran caballo de batalla de la legislatura. Y si los socialistas no dan el paso, no dudarán en romper la unidad que ambos socios de Gobierno mantienen en lo relativo a los llamamientos de los grupos parlamentarios a ministros para que acudan a la Cámara Baja. Máxime cuando está prevista para el próximo domingo una gran marcha que recorrerá el centro de Madrid: “El Parlamento no puede seguir callado, debe tener una discusión específica sobre la vivienda”, argumentan los de Yolanda Díaz para justificar la pinza que compromete al PSOE.
