El juez Santiago Pedraz sigue recabando pruebas que apuntalan su investigación sobre la guerra sucia que impulsó el Ministerio del Interior durante los mandatos del Gobierno de Mariano Rajoy contra Podemos, en los momentos en los que el partido de Pablo Iglesias emergía como pieza clave del tablero político. El titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional ha recibido una nota informativa con sello de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional —epicentro de la brigada patriótica que construyó pruebas falsas contra sus adversarios políticos— en la que se plasma el bulo de que el ex líder de Podemos recibió 272.000 dólares del Gobierno venezolano de Hugo Chávez en Granadinas. Una intoxicación que fue publicada, semanas más tarde, por OKDiario.
La nota informativa de siete páginas, a la que ha tenido acceso La Vanguardia, está fechada en abril de 2016. España iba camino de unas nuevas elecciones después de que en diciembre de 2015, comicios en los que Podemos irrumpió con fuerza en el Congreso de los Diputados, ningún candidato a la Presidencia del Gobierno lograse los apoyos suficientes para llegar a La Moncloa. Las encuestas en aquel momento proyectaban a un Podemos que parecía no tocar techo. De la documentación que se está acumulando en la causa se va desprendiendo que la policía política, que campó a sus anchas en el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz, habría reorientado la guerra sucia contra los líderes independentistas a los nuevos políticos que surgieron al calor del movimiento indignado 15-M.
Una prueba más que obra en el sumario es esta nueva nota informativa, que comienza asegurando que los funcionarios que suscriben el documento se entrevistaron “con una fuente anónima catalogada de máxima fiabilidad”, que hizo entrega de una serie de documentos que “certificarían” una cuenta offshore a nombre de Pablo Iglesias. Uno de los policías que suscriben la entrevista es Bonifacio Díaz Sevillano, vinculado a Eugenio Pino, el director adjunto operativo en aquella época. En una sesión de la comisión de investigación sobre la Operación Catalunya, celebrada a finales del pasado mes de noviembre, el ex ministro venezolano de Energía Nervis Villalobos confesó que Díaz le pidió información en 2015 sobre la financiación de Podemos durante una reunión que ambos mantuvieron en Washington, además de entregarle “fichas policiales” de dirigentes de Podemos. Ninguna de estos movimientos contaba con respaldo judicial.
Entre los documentos que el anónimo entregó, tal y como se desgrana en la nota informativa, está un “memorando”, expedido supuestamente por el ministro del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública de Venezuela, en el que se otorgan 272.325 dólares para que fuesen transferidos por el Banco Central de Venezuela. En el segundo documento está la orden de pago número 36277, por la que se habría transferido a una cuenta de Pablo Iglesias Turrión la anterior cantidad de dólares. El concepto de pago, según reza en el documento, sería “pago convenio suscrito en concepto de asesorías para el desarrollo social en el país”. La nota informativa incide en que ese documento presenta “cuatro sellos oficiales” de Venezuela.
El tercero de los documentos consta que la persona denominada en clave “Santa-María”, que más adelante los policías dicen asegurar que se corresponde con el segundo apellido de la madre del ex vicepresidente del Gobierno, solicitó 220.000 euros “para cubrir algunos gastos de logística y movilización dentro del territorio español”. Y el último documento es un supuesto informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Venezuela, que habría detectado “una actividad sospechosa” en el desembolso realizado a Pablo Iglesias, “si bien el documento no se discrimina de forma individualizada”.
El confidente anónimo, según se supo tras la publicación del bulo, fue Carlos Alberto Arias, un ciudadano venezolano al que el ex número dos de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, concedió una autorización de residencia en España por “circunstancias excepcionales” debido a “razones de colaboración con las autoridades policiales”. La residencia fue otorgada el 11 de abril de 2016, nueve días antes de que se sellase la nota informativa.
