El Ministerio de Economía acaba de publicar en su página web la consulta pública anunciada ayer en el Cercle d’Economia por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en torno a la opa del BBVA sobre el Sabadell, consistente en cinco preguntas que no hacen sino desarrollar la primera de todas, que es la principal.
Esta es la formulación que encabeza la consulta: “¿Considera que existen criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que pueden verse afectados por la operación BBVA/Banco Sabadell?”
El cuestionario, que estará abierto hasta el 16 de mayo, sigue el razonamiento de la Ley de Defensa de la Competencia del 2017, que habilita al Gobierno para establecer condiciones adicionales tras una resolución de la CNMC. Deben ser medidas ajenas a la competencia, motivadas y adoptadas en función del interés general.
La segunda pregunta es: “¿Cuáles cree que son los criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que pueden verse afectados por la operación BBVA/Banco Sabadell?”
Conforme al artículo 10 de la ley, la consulta pública ofrece la opción de elegir una de las seis opciones contempladas en la norma. La primera, defensa y seguridad nacional. La segunda, protección de la seguridad o salud públicas. La tercera, libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional. La cuarta, protección del medio ambiente. La quinta, promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos. Y la sexta, garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial.
Los criterios de interés general son seis y aparecen fijados en la Ley de Competencia
Si el interesado marca una séptima categoría, la de “otros”, debe argumentar la respuesta. Si no, puede pasar a la tercera pregunta: “¿En qué medida considera que estos criterios de interés general pueden verse afectados por la operación de BBVA/Banco Sabadell?”. Aquí se pide valorar el impacto estimado.
Hay otras dos cuestiones. “¿Considera que pueden establecerse medidas que permitan proteger los criterios de interés general señalados anteriormente?”. “¿Qué propuestas considera que serían adecuadas para proteger los criterios de interés general afectados?” Aquí concluye la consulta.
La consulta pública estará abierta durante siete días hábiles, hasta el 16 de mayo. Economía tiene hasta el 27 de mayo para elevar si lo estima oportuno el expediente al Consejo de Ministros, que dispondrá de un mes para decidir si impone medidas adicionales a las de la CNMC. El proceso puede irse a finales de junio.
La consulta también está abierta a ciudadanos
Economía asegura que la iniciativa “está alineada con la normativa vigente y es respetuosa con el procedimiento, plazos y con las competencias de todas las instituciones involucradas en el proceso”.
A diferencia de los procesos de alegaciones y de los test de mercado de la CNMC, en este caso pueden participar ciudadanos, organizaciones, asociaciones y agentes económicos que se vean afectados por la operación.
El objetivo, indica Economía, es “obtener información que facilite una valoración completa antes de decidir si la operación de concentración bancaria se eleva o no al Consejo de Ministros”. Las contribuciones recibidas podrán ser difundidas públicamente.
