La firme determinación de reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales progresa entre disputas dialécticas, acuerdos entre partes interesadas, desacuerdos con las partes que rechazan la medida y avisos de posible inconstitucionalidad. Pero, si todo avanza como apunta, el Gobierno podría haber aprobado la medida a finales de este año y supondremos que, en el 2026, la jornada será la propuesta.
La respuesta de las empresas dependerá de múltiples factores individuales, aunque, en esencia, hay dos posibilidades. La primera es aumentar el número de empleados, de manera que en la empresa se trabaje el mismo número de horas. En el supuesto de igual nivel de sueldos y de productividad individual, esta opción comporta un aumento de costes de personal del 6,67% (la productividad horaria permanece igual, pero la productividad por trabajador baja un 6,25%). Eso alguien lo tiene que absorber o bien hay que repercutirlo en los precios. La segunda es no alterar el número de empleados; se trabajarán menos horas y, si se mantiene la productividad individual de antes, el coste por hora trabajada aumentará un 6,67%. La empresa tendrá que absorberlo o repercutirlo en el precio.
Factores
Aumentar la productividad por hora trabajada es una opción para afrontar tener empleados que trabajan menos y cobran igual
La variedad de situaciones que se pueden producir es grande. Pero, para afrontar el paso que representa tener empleados que trabajan menos horas y que cobran lo mismo, se pueden considerar varias posibilidades. Una es aumentar la productividad por hora trabajada, recurriendo, más que antes, al capital, o introduciendo mejoras en la gestión del factor trabajo, de manera que se atenúe el encarecimiento del coste laboral. No dudo de que las empresas harán esfuerzos en este sentido, pero pensar que darán un salto de productividad de hoy para mañana del 6,67% parece exagerado. Otra opción es no aumentar plantillas y recurrir a más externalizaciones, si se puede. Pero esta opción comporta más volumen de compra, encarecimiento del coste unitario de compra, si el proveedor es español y, al final, amenaza sobre el margen empresarial. Pero eso depende de quiénes sean los competidores de la empresa.
Si los competidores producen fuera, la empresa española perderá competitividad tanto en los mercados exteriores como en el mercado interior, si es que los extranjeros vienen aquí. Ni que decir que, si la empresa no puede trasladar el aumento de coste laboral hacia los precios, el que sufrirá será el margen empresarial. No obstante, hay que tener presente que la posición competitiva de la empresa extranjera que vende aquí tampoco no es de ventaja completa, porque la distribución de su producto en el mercado interior se encarecerá debido al aumento del coste laboral.
Si la competencia es solo de empresas españolas, todas se encontrarán con el mismo aumento de coste y podrán repercutirlo sobre sus precios de venta, sin afectar a márgenes. En este caso, el efecto sobre la empresa será neutro. El turismo, por ejemplo, puede respirar tranquilo. El efecto sobre la inflación y sobre la creación de empleo también será bajo, pero este es otro tema.
