La SEPI ha acelerado en el último año y medio la recuperación de los préstamos que, a modo de rescate, concedió durante la pandemia para mantener a flote empresas estratégicas en apuros. Sin embargo, conforme pasa el tiempo los intereses de esta deuda van en aumento y se ceban ahora con las empresas con más dificultades para devolver los préstamos. Quedan menos por pagar, pero en peores condiciones.
Según el último informe anual del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), el 2025 fue muy activo en la amortización de los préstamos, con casi 1.000 millones de euros, entre los que destacan los 475 millones devueltos por Air Europa. Fuentes de la SEPI calculan que, hoy en día, ya se han recuperado 1.775 millones de los 2.681 millones prestados, por lo que quedan 906 millones pendientes. Las empresas han logrado recuperar su actividad y más de dos tercios de la financiación concedida se ha repagado con éxito. Además, la SEPI ha ingresado 360 millones en intereses.
Los abogados del Estado están comunicando a las empresas que no es legal condonar la deuda
Sin embargo, el informe anual identifica cinco empresas que han comunicado al juzgado la apertura de negociaciones con los acreedores. Destaca Duro Felguera, con 100 millones de deuda, junto a Losán, Meeting Point, Imasa y Vicinay. A ellas se suman tres importantes expedientes de este año. Volotea debe 200 millones y ha entrado en preconcurso de acreedores, mientras que Tubos Reunidos está en liquidación con una deuda de 140 millones con la SEPI y las clínicas dentales de Vivanta buscan una solución tras haber pedido 24 millones.
Entre estas empresas suman una deuda de 523 millones con la SEPI. En algunos casos se han cerrado acuerdos en forma de novaciones o refinanciación, aunque en los más problemáticos los inversores reclaman incluso la cancelación de estos préstamos públicos. Es una línea roja que la SEPI no cruza.
Los abogados del Estado están transmitiendo a todas las empresas y juzgados que no habrá condonaciones porque la ley se lo impide y porque Bruselas las interpretaría como una ayuda de Estado prohibida. “Cualquier operación que altere las condiciones con las que fue otorgada esa ayuda de Estado requiere autorización de la Comisión Europea”, indican las fuentes.
Sin embargo, la SEPI se muestra dispuesta a analizar “alternativas viables” y “dentro de la ley”. Asegura que “existen soluciones que permiten la continuidad y la viabilidad las compañías”. También recuerda que las empresas que pidieron la ayuda lo hicieron “con pleno conocimiento de los requisitos, compromisos y obligaciones”. Eran conscientes de los intereses crecientes de la deuda, que llegan al 8% a partir del cuarto ejercicio y casi al 12% en el octavo.
Los interesados en Tubos Reunidos no quieren asumir el préstamo estatal
En el expediente de Tubos Reunidos, la matriz ha solicitado su liquidación y el juzgado analiza cinco ofertas para la venta de los activos industriales. Se han interesado las empresas vascas Tubacex y Sidenor, además de la india Welspun. En sus propuestas, rechazan asumir la deuda con la SEPI.
En el caso de Volotea, la aerolínea tiene un préstamo participativo cuyo principal se paga al vencimiento, en el 2029. La compañía se encuentra en preconcurso, en plena fase de negociación con los acreedores. Mientras, Duro Felguera, ahora en manos del mexicano Grupo Prodi, alcanzó un acuerdo de reestructuración de su deuda de 100 millones con la SEPI, mientras que Vivanta, ahora conocida como Aestes Dental, busca salida a su préstamo de 24 millones.
La SEPI subraya que la recuperación de los fondos se está produciendo a un ritmo superior al previsto al inicio y cifra en 264 millones el sobrecumplimiento con los pagos. Las empresas apoyadas con los créditos han pasado de emplear 60.000 personas en el momento de solicitarlos a 69.000 en la actualidad. Facturan en conjunto 19.000 millones, un 11% más.
A cierre del 2025, otras empresas que mantenían financiación de la SEPI eran Plus Ultra, Airtificial, Serhs, Grupo Abba, Grupo Julià o Air Nostrum.
