Creo que sabemos, a estas alturas, que una economía no puede tener futuro si pretende perpetuarse sobre la base de generar escaso valor añadido por ocupado y ser competitiva pagando poco a sus trabajadores. Malo si hay que mantener los sueldos deprimidos por la vía de incorporar población recién llegada que acepte aquellas bajas retribuciones. Ni siquiera con el apoyo de subvenciones encubiertas (fiscales o laborales), que permitan que la empresa no asuma todos los costes reales de su producción, se acabará saliendo. Tampoco tiene futuro aquella actividad que quiere maximizar sus excedentes sobre la base de volumen y no del valor que genera para la población, descuidando los límites que encuentra, tarde o temprano, esta manera de crecer en los recursos medioambientales. A pesar de tratar de obviar las externalidades negativas que este tipo de negocios, acabará perdiendo el apoyo social.
Parte de eso ocurre, in crescendo, en nuestro país, acompañado del fenómeno migratorio. Pero hay que redirigir el foco del debate actual sobre la inmigración para no equivocarse. Es el modelo económico, y no la inmigración, el verdadero problema. Con la baja natalidad que tenemos, la recepción de inmigrantes no la pondríamos en cuestión si no trabajaran tan exageradamente en aquellas tareas de tan bajo valor añadido para que “gire la rueda”. Tareas por las cuales a menudo muchos están sobrecualificados.
Baleares y Catalunya han absorbido una cuota de inmigrantes por encima de la media estatal
En todo caso, valorar al inmigrante, no la inmigración, por lo que aporta respecto de lo que recibe de nuestra sociedad, no los hace responsables de nada.
El problema lo tenemos aquí, y es nuestro. Observamos que parte de este modelo cuestionable le va lo bastante bien al Estado español, además de a algunos empresarios locales, para aprovechar el volumen de divisas que genera, y así sufragar el déficit exterior de la economía. Y dejar los daños colaterales de esta manera de crecer a manos de las administraciones territoriales y sociedades locales. De lo contrario, la pérdida de identidad cultural que aquella inmigración provoca ya va bien políticamente a algunos para reducir las “diversidades” de un nacionalismo centrípeto. Contra esto, la falta de conciencia nacional hace que las administraciones territoriales no jueguen siempre las cartas que les corresponde en defensa de su ciudadanía. Por ejemplo, reivindicando una participación mayor en la financiación pública que ayude a apaciguar los estragos de aquel crecimiento.
Fijémonos en pequeños detalles. Baleares y Catalunya han absorbido una importante cuota de inmigrantes muy por encima de la media estatal con un modelo que aporta montañas de divisas. A pesar de eso, no hay en su sistema de financiación, ni en el viejo ni en el nuevo propuesto, un reconocimiento de este diferencial en la población ni ninguna variable que reconozca esa presión de la inmigración sobre el territorio. Notamos también que esa demanda externa de visitantes, con más capacidad adquisitiva presiona sobre el coste de la vida con precios más altos de vivienda, de transporte o de suministros, lo que acaba erosionando los salarios nominales de todos, a la vez que dualiza la demanda de suelo.
Ninguno de estos factores se considera en las transferencias autonómicas. De hecho, la Administración central parece preferir subsidiar la demanda de visitantes y a las empresas, fiscal y laboralmente, que no ayudar a las administraciones territoriales, que son las que tienen la responsabilidad sobre el bienestar de la ciudadanía y así preservar el conjunto de valores culturales y bienes sociales de la comunidad.
