La trama de Leire Díez, afamada exmilitante del PSOE por sus andanzas, habría comenzado en el año 2021, cuando se encontraba como consejera de la empresa tecnológica Cistec y tenía un cargo de jefa de Relaciones Institucionales en Correos.
En esas fechas, otro de los miembros de la trama, Vicente Fernández, ya había abandonado su puesto como presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por su implicación en un caso de corrupción. Éste había encontrado una salida, en la empresa familia navarra Servinabar, de Antxón Alonso. Casualmente, uno de los hombres fuertes del PSOE, Santos Cerdán, estaba estrechamente relacionado con esa empresa, en la que también había trabajado su mujer y su cuñado.
En ese momento, y según la investigación, Díez, Fernández y Alonso habría utilizado sus influencias por los cargos que habían ostentado u ostentaba o por sus relaciones personales para favorecer a empresas con contratos públicos. La sospecha es que los beneficios se vehiculizarían, entre otros, a través de Servinabar.
Por tanto, en el centro de la trama se encuentra la empresa navarra. En ese 2021, Cerdán había ascendido dentro del PSOE y se había hecho hombre fuerte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la salida de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes y como secretario de Organización del partido.
Cerdán ocupó su puesto en la calle Ferraz y fue uno de los apoyos de Sánchez para lograr su última investidura, convenciendo a los partidos independentistas para dar a Sánchez su apoyo a cambio de, por ejemplo, una amnistía.
El presidente confió en Cerdán hasta que junio se conoció de este año se conoció su implicación en el ‘caso Koldo’ y acabó encarcelado por presuntamente ser el jefe de la trama de amaños de contratos, principalmente desde Transportes, para favorecer a determinadas empresas a cambios de comisiones ilegales.
Uno de los vehículos para gestionar estos amaños fue Servinabar. De hecho, los investigadores tienen pruebas de que Cerdán y Alonso se reunieron con empresarios que serían adjudicatorios de contratos públicos. A falta de conocer más detalles, la trama de Díez tiene un ‘modus operandi’ similar.
Libres pero investigados
Esta operación fue explotada el miércoles por la UCO y la Fiscalía Anticorrupción antes de judicializarla y ante las sospechas de que los implicados pudieran destruir pruebas. Ayer pasaron a disposición del juez de la Audiencia Antonio Piña, quien ordenó su puesta en libertad, aunque tendrán que acudir al juzgado cada quince días a firmar, les retira el pasaporte y les prohíbe salir del país.
Se les investiga por los delitos de fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación por una trama vinculada a empresas públicas. De ahí que durante tres días agentes de la unidad central operativa (UCO) de la Guardia Civil llevaran a cabo registros y requerimientos en una veintena de empresas públicas –como Correos– y privadas e incluso en ministerios como los de Hacienda o Transición Ecológica.
El único que declaró fue Fernández, mientras que Díez y Alonso se negaron a declarar. El expresidente de la SEPI negó todas las acusaciones contra él y defendió su trabajo en Servinabar, rechazando haber influido en terceras personas para favorecer a ciertas empresas para ser adjudicatarias en contratos públicos.
Los tres se marcharon de la Audiencia Nacional por su propio pie, sin hacer declaraciones a los periodistas. Estas fuentes relataron que Díez se negó a declarar al encontrarse la causa bajo secreto y no haberse podido reunir con su letrada. La exmilitante socialista tampoco declaró ante la UCO durante los tres días que ha permanecido detenida.
Meses en el centro del huracán
Leire Díez lleva meses en el centro del huracán después de revelarse unos audios en los que se presentaba como la mano derecha del exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán. El juzgado de instrucción número nueve de Madrid ya la investiga por otra causa en la que le atribuye los supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias.
La Fiscalía considera que Díez puedo incurrir en esas conductas delictivas al “presentarse a sí misma como representante cualificada del PSOE al efecto de neutralizar determinados procedimientos judiciales mediante la descalificación de los funcionarios de la Policía Judicial, concretamente a la UCO, o de la Fiscalía”.
Díez reconoció ante el juez que instruye este asunto que mantuvo dos encuentros con Cerdán en abril del 2024 en la sede del PSOE, en Ferraz. La exmilitante socialista defiende que es periodista y que las presuntas actividades delictivas que se le atribuyen tenían el inocente objetivo de escribir un libro o un reportaje.
Por su parte, Fernández estuvo solo un año dirigiendo la SEPI –después de llegar a ella de la mano de la ministra de Hacienda María Jesús Montero, tras el cambio de Gobierno en el 2018– y dejó el cargo tras ser imputado por la jueza de los ERE Mercedes Alaya por una concesión de la mina de Aznalcóllar a Minurbis-Grupo México.
Tras su salida de la empresa estatal, Fernández trabajó para Servinabar del 2021 al 2023, según fuentes de la investigación. Esta empresa navarra está en el epicentro de la investigación a Cerdán. Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo tienen indicios de que esta firma, de Antxón Alonso, era tapadera para que Cerdán cobrara comisiones ilegales.
Las investigaciones de la UCO destaparon que el ex secretario de organización del PSOE habría firmado un contrato privado para obtener el 45% de la compañía, aunque este nunca llegó a elevarse a público.
La Fiscal anuncia nuevas diligencias
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La Fiscalía Anticorrupción practicará nuevas diligencias una vez se determine el juez que asumirá la causa. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional tomó ayer declaración a Leire Díez, Vicente Fernández y Antxón Alonso al encontrarse de guardia esta semana. Sin embargo, el asunto no había sido judicializado previamente, lo que significa que ahora se tendrá que enviar a reparto para que se decida qué juzgado asume el asunto. Durante la vista celebrada ayer, la fiscal adelantó que se practicarán nuevas diligencias para determinar el papel en la trama de cada uno de los investigados. Además, los investigadores de la unidad central operativa (UCO) de la Guardia Civil comenzarán ahora a analizar todo el material incautado. Durante los tres días que duró el operativo policial, se registró y requirió información a una veintena de empresas privadas y públicas como Correos, Enusa o en los ministerios de Hacienda o Transición Ecológica entre otros. Además habrá que revisar los teléfonos y dispositivos intervenidos.
