La unidad central de delincuencia económica y fiscal (UDEF) de la Policía Nacional está recabando información en Francia sobre la compleja red transnacional de blanqueo de capitales que se habría creado entre ciudadanos venezolanos, franceses y españoles y que tiene a la compañía Plus Ultra en el epicentro de la trama.
Según fuentes de la investigación, agentes encargados de las pesquisas habrían acudido recientemente a París, donde se encuentra el Parquet National Financier (PNF), la Fiscalía de delitos económicos, para recabar información que disponen sobre algunos implicados en la red que habría utilizado el rescate de la aerolínea Plus Ultra para blanquear dinero procedente de la corrupción venezolana. Para ocultar el origen de los fondos se habría utilizado una serie de empresas que habrían ido transfiriendo el dinero de un sitio a otro, pasando, entre otros lugares, por Francia, además de Emiratos Árabes o Panamá.
El PP, gracias a su mayoría en el Senado, ha citado mañana a Zapatero, tras hacerlo con los directivos
La Fiscalía Anticorrupción, junto a la UDEF, está desde el 2024 detrás de esta operativa de blanqueo. La tesis judicial es que el Gobierno español concedió en el 2021 un préstamo a Plus Ultra para su rescate por valor de 53 millones de euros, que el presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, habría utilizado para devolver un préstamo con tres sociedades de la organización criminal, implicadas en las ventas de oro. El contrato que habría firmado la aerolínea con estas sociedades daría cobertura, a su vez, según la investigación, a las devoluciones por parte de Plus Ultra. Esto se haría “en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública, a cuentas en el extranjero de sociedades que forman parte de la organización criminal”, según se recoge en una resolución judicial.
Según las pesquisas policiales, aquel préstamo salió de empresas enriquecidas con dinero proveniente de la corrupción venezolana, concretamente de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela, a través de fondos públicos de programas de distribución de alimentos y de ventas de oro del Banco de Venezuela.
Francia ya había detectado movimientos sospechosos y de ahí que la PNF abriera su propia investigación. Se trata de una institución judicial especializada que persigue delitos económicos y financieros de gran complejidad como el fraude fiscal, el blanqueo y la corrupción.
De hecho, fue la PNF la que alertó a España de esta operativa, a través de la cooperación internacional. En el marco de su investigación, había pedido a las autoridades judiciales españolas que colaborasen para llevar a cabo entradas y registros en domicilios ubicados en Madrid y Tenerife, vinculados a las personas que presuntamente dirigen y colaboran con la red de blanqueo investigada.
La tesis judicial es que la compañía utilizó el dinero del rescate para saldar un préstamo con sociedades de la trama
Los investigadores tratan de atar el máximo número de indicios para demostrar que se trata de una red internacional de blanqueo. La jueza de Madrid que lo investiga, Esperanza Collazos, ya tiene claro que la complejidad del caso ha llegado a un punto que debe ser investigado por la Audiencia Nacional.
Además, desde hace unos meses, parte de la investigación se está dirigiendo hacia un empresario, Julio Martínez Martínez, que tiene vínculos empresariales con las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
La juez tiene claro que la complejidad del caso ha llegado a un punto que debe ser enviado a la Audiencia Nacional
La causa actualmente se encuentra bajo secreto de sumario así que se desconoce hasta donde han llegado los investigadores sobre tales nexos. No obstante, desde hace meses, la oposición está haciendo ruido para intentar vincular a Rodríguez Zapatero en esta trama de corrupción. De ahí que el Partido Popular, aprovechando su mayoría absoluta en el Senado, se está valiendo de la comisión de investigación del caso Koldo para arrastrar hasta allí a comparecientes presuntamente implicados en la trama, pese a que de sus intervenciones pocas revelaciones se esperan.
El juez estudia la competencia
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama –en sustitución de Ismael Moreno– debe estudiar las diligencias practicadas por la juez de Madrid Esperanza Collazos y decidir si la causa es competencia de este órgano judicial. El pasado viernes la instructora que ha llevado desde el 2024 la investigación decidió remitirla a la Audiencia Nacional por la complejidad que estaba adquiriendo y las ramificaciones que se estaban certificando en el extranjero. Al inicio de la investigación, cuando la Fiscalía Anticorrupción interpuso una querella por el presunto blanqueo de capitales a través del rescate, la Audiencia Nacional ya rechazó que el asunto tuviese la entidad suficiente para ser competencia de este órgano judicial.
Esta misma semana, el presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, que está investigado en la causa, rechazó responder a los senadores tras leer una intervención inicial de poco más de cinco minutos en la que defendió que “no hubo trato de favor, ni injerencias indebidas, ni ayudas ilícitas” en el rescate. La Cámara Alta aplazó la comparecencia del empresario Julio Martínez Martínez, prevista para el jueves, tras no poder localizarlo. Quien sí está previsto que acuda mañana es Rodríguez Zapatero, que ha sido citado a declarar en plena campaña de las elecciones en Castilla y León por el PP, que le atribuye unas supuestas conexiones con los directivos de Plus Ultra investigados.
