Todos los que de una manera u otra estamos vinculados a la universidad, y también los que no lo están, asistimos horrorizados al acoso que está sometiendo la Administración Trump a las universidades americanas, y singularmente a aquellas que tienen un reconocimiento indiscutible a escala mundial. Harvard, una de las mejores universidades del mundo, es objeto de medidas inauditas que dificultan, si no impiden, continuar con su trayectoria como lo ha venido haciendo durante estas últimas décadas. Entre estas medidas destacan la congelación de 2.200 millones de dólares de fondos federales, la prohibición de casi todas las nuevas admisiones de estudiantes internacionales y la investigación sobre las políticas de contratación de docentes.
Sin embargo, no todos los acosos a la universidad adoptan las mismas características que los de Trump a su sistema universitario. Otros son más sutiles, más indirectos, aunque no por ello dejen de tener su influencia en la universidad. Un ejemplo de ello lo están padeciendo las universidades británicas, que están atravesando una crisis financiera sin precedentes debida, en parte, a un insuficiente apoyo financiero del Gobierno.
En el ‘top’
La Rioja es la comunidad que lleva a cabo las mayores transferencias corrientes y de capital por estudiante en España
No es difícil afirmar que todos los sistemas universitarios nacionales de los países desarrollados se enfrentan a la necesidad de asegurar su sostenibilidad que solo la puede garantizar la administración pública si se quiere seguir manteniendo la equidad en el acceso a la educación superior.
¿Y en España? La competencia sobre la educación universitaria corresponde a las comunidades autónomas. De los cerca de 12.300 millones de gasto público universitario alcanzado en el 2023, un 96,5% lo asumen las comunidades, y el resto, la administración central. La LOSU, en su artículo 55, fija como objetivo el destinar como mínimo el 1% del PIB al gasto público en educación universitaria pública, cuando en el 2023 fue del 0,82% y está disminuyendo (el 0,90% en el 2020). El esfuerzo, por tanto, para llegar al objetivo mencionado, sino queremos que este quede, una vez más, como un brindis al sol, lo deberán llevar a cabo las autonomías, y esto va a depender de sus prioridades políticas, que ahora ya son muy dispares. Una muestra de ello, según datos de la Fundación CYD, es que la comunidad que lleva a cabo unas transferencias corrientes y de capital por estudiante mayores en España, La Rioja, lo hace en un volumen un 80% superior a Madrid, que es la que lleva a cabo unas transferencias por estudiante más reducidas.
Todo ello nos induce a pensar que lo que se está expresando con estas cifras, en un contexto en el que el debate sobre las prioridades de gasto público autonómico es muy determinante, es que
ha disminuido la confianza pública en las universidades. Revertir esta desconfianza institucional atribuida a la percepción de que las universidades públicas no responden adecuadamente a las necesidades de los estudiantes y de la sociedad
ha de ser la primera tarea de los responsables universitarios.
