El gobierno de Javier Milei anunció una serie de medidas que, si bien reducen el monitoreo del Estado sobre los movimientos de dinero de los ciudadanos, no eliminan el que hacen las empresas financieras. Las compañías del sector, incluyendo bancos, plataformas virtuales e incluso exchanges de criptomonedas, siguen teniendo acceso a tales datos de sus usuarios.
La Agencia de Control y Recaudación Aduanero (ARCA), el organismo argentino de recaudo fiscal llamada hasta el año pasado AFIP, aumentó los topes mínimos de movimientos financieros que deben ser reportados. Según el comunicado oficial, ya reportado por CriptoNoticias, esto forma parte de una serie de medidas con el objetivo de «proteger la privacidad de los ciudadanos, simplificar los trámites fiscales y fomentar la formalización económica».
Ahora, las billeteras virtuales —lo que incluiría a los exchanges de criptomonedas— solo informarán las transferencias que superen los 50 millones de pesos de personas físicas y los 30 millones de personas jurídicas, en contraste con el umbral anterior que era de 2 millones.
Además de las plataformas virtuales, ARCA también informó un aumento del umbral informativo para las transferencias y acreditaciones bancarias, extracciones en efectivo, plazos fijos y tenencias en agentes de liquidación y compensación (AlyCs).
El organismo informó además que las empresas administradoras de tarjetas de crédito ya no deberán informar a ARCA todas las compras que hace una persona usando ese medio de pago. «Los consumos personales van a estar resguardados como toda información privada», aclaró.
Esta disposición forma parte de un paquete que además elimina el régimen informativo para sectores como escribanías, operaciones con autos usados, pagos de expensas y transferencias inmobiliarias. A su vez, este prohíbe a los bancos exigir declaraciones juradas de impuestos nacionales, y también simplifica el sistema de impuestos a las ganancias. Todo esto para incentivar el uso de ahorros, como se detalla a continuación.
Tal grupo de medidas ha sido aplaudida por los defensores de la libertad y la privacidad, incluyendo entusiastas de bitcoin (BTC), un activo que nació como alternativa al sistema financiero tradicional y el control estatal.
Bitcoin fue creado en 2009, poco después de la crisis financiera global. Su inventor, bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, lo diseñó como una forma de dinero digital que no dependiera de bancos ni gobiernos. Su funcionamiento descentralizado permite que las personas envíen y reciban valor sin intermediarios y sin necesidad de revelar su identidad, a diferencia del sistema bancario tradicional.
Según bitcoiners y defensores de la libertad, la decisión del gobierno representa un paso en la dirección correcta. Sin embargo, es crucial no confundir esto con mayor privacidad de movimientos financieros en las plataformas centralizadas.
Este cambio de enfoque en cuanto a la vigilancia estatal no se traduce necesariamente en una mayor libertad financiera. Las plataformas financieras continúan recopilando, almacenando y compartiendo a la justicia, si se les solicita, información de sus usuarios.
El seguimiento financiero no desaparece
En Argentina, exchanges de criptoactivos como Binance, Ripio, Bitso y Buenbit están registrados como Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) ante la Comisión Nacional de Valores (CNV). Con ello, están sujetos, como otras empresas financieras, a cumplir con las regulaciones KYC («Know Your Customer»).
El KYC consiste en que las plataformas verifiquen la identidad de sus usuarios, recopilando información identificatoria como pasaportes o documentos nacionales, domicilio, contacto, reconocimiento facial, entre otros datos.
Aunque ARCA ya no reciba directamente información sobre transacciones financieras de poco volumen de dinero, las plataformas en el país siguen legalmente obligadas a tener esos datos. Esto debido al cumplimiento de normativas diversas como la prevención del lavado de dinero.
Un avance mayor hacia la privacidad financiera de los ciudadanos implicaría eliminar las políticas de KYC. Sin la obligatoriedad de verificar y conservar la identidad de los usuarios, las plataformas podrían operar con mayor respeto a la privacidad individual, ofreciendo así la verdadera libertad financiera que muchos buscan. Hasta entonces, el control, aunque con menor monitoreo por parte del Estado, seguirá siendo una realidad ineludible.
Cabe señalar que las políticas de KYC no son un tema aislado de Argentina. Forman parte de estándares internacionales que impulsan organismos contra operaciones delictivas como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Aunque, independientemente de tales convenios internacionales, en última instancia son los gobiernos los que tienen la capacidad soberana de decidir el nivel de regulación aplican en su territorio.
¿Privacidad o ilusión de privacidad?
Aunque las políticas de KYC fueron diseñadas originalmente para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, muchos consideran que se han vuelto cada vez más invasivas. Esto es algo que incluso forma parte de los exchanges de criptomonedas, pese a los valores de privacidad que dieron origen a bitcoin.
En Argentina, los entusiastas de los criptoactivos no han visto mayores avances en materia de libertad financiera, ya que en abril se informó que los contribuyentes alcanzados por el impuesto sobre los Bienes Personales deben declarar ante la ARCA no solo qué criptomonedas poseen, sino también sus claves públicas.
Aunque para algunos puede parecer una formalidad, compartir la clave pública permite al Estado rastrear toda la actividad de una wallet dentro de una red de criptoactivos. Este nivel de exposición vulnera el principio de soberanía individual que defienden los bitcoiners, y también abre la puerta a riesgos reales de seguridad, especialmente considerando el historial de hackeos a entidades estatales en el país.
En fin, aunque el gobierno defiende la libertad financiera, el control en el sector no desaparece.
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