Las cámaras de comercio de Catalunya han logrado sacar adelante su ley reguladora en el Parlament. Tras más de una década de espera, la propuesta liderada por las propias entidades público-privadas ha logrado un fuerte apoyo en la cámara catalana. La nueva normativa refuerza su papel institucional, establece una financiación pública y permite aumentar las llamadas sillas de plata, los asientos de pago en los plenos camerales.
La propuesta se ha aprobado con los apoyos de PSC, Junts, ERC y el PP. El texto, además, cuenta con el apoyo unánime del Consell de Garanties Estatutàries el pasado verano. “Sorprende que se haya tardado tanto en aprobar esta ley cuando existe tanta unanimidad”, ha dicho el presidente de la Cambra de Barcelona i General de Catalunya, Josep Santacreu, en rueda de prensa. La ley supone desplegar la normativa aprobada a nivel estatal en el año 2014.
La nueva normativa refuerza el papel institucional de las cámaras. Santacreu ha asegurado que la normativa es un apoyo a los representantes de estas instituciones en más de 400 organismos de Catalunya. “Más adelante, estaremos en aquellos organismos que creamos que debemos estar”, ha afirmado. Por otra parte, ha recordado que la Generalitat deberá tener en cuenta a estas instituciones en los temas relacionados con la economía. “Mantendremos el diálogo fluido que ya tenemos”, ha comentado.
El empresario ha descartado que esta ley choque con los intereses de las patronales Foment del Treball i Pimec. “No somos agentes sociales ni queremos estar en las negociaciones del diálogo social”, ha apuntado. Tanto al inicio de las negociaciones del presente texto, como en los anteriores intentos de aprobación de la última década, las patronales habían arqueado las cejas ante lo que interpretaban una intromisión en sus funciones.
Un aspecto clave es la financiación. Las cámaras españolas perdieron la financiación público procedente del Estado en 2010. Ahora recuperan dinero público, procedente del Departament d’Empresa de la Generalitat, mediante un convenio para los próximos tres años que fijan las cantidades de tres, cinco y siete millones. Más adelante, ambas partes volverán a negociar este aspecto. “Partimos de la base que los siete millones del último año será el punto de partida de negociación”, ha afirmado.
Por otra parte, la normativa permitirá a las cámaras recuperar las sillas de plata, los asientos de pago en los plenos. Estas vocalías fueron reducidas al mínimo en el anterior mandato bajo el control Eines de País, una unión de empresarios próximos a la Assemblea Nacional Catalana. En el actual mandato, Pimec había expresado su rechazo a la recuperación de esta posibilidad al considerarla injusta para las pymes. Finalmente, la normativa establece que como mínimos dos tercios de los plenos deberán elegirse por sufragio.
Pimec ha valorado positivamente que la nueva ley clarifique el papel de las cámaras como corporaciones de derecho público tuteladas por la Administración. Sin embargo, mantiene su rechazo a las sillas de plata.
