El Gobierno anunciará mañana si impone condiciones adicionales al BBVA para la compra del Banc Sabadell, lo que pondrá fin a la parte más política del proceso y abrirá un nuevo escenario en el que no se descarta un enfrentamiento judicial.
Esta decisión será la primera de cierto calado que adopte el Consejo de Ministros desde que la UCO implicase a Santos Cerdán en el caso Koldo, lo que ha provocado una crisis política de efectos por ahora impredecibles en el PSOE. La relación con los socios de gobierno e investidura atraviesa ahora un momento delicado, y algunos de ellos, sobre todo Sumar, Junts y ERC, no han dejado de insistir en su rechazo a la opa.
El banco se prepara para una batalla judicial mientras insiste en su deseo de lanzar la oferta
El dictamen de mañana completará el veredicto de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a través de la conocida como Fase Tres, que habilita al Gobierno a pronunciarse sobre la concentración en caso de que afecte a elementos de interés general no resueltos por el regulador. El BBVA ya ha aceptado varios compromisos de Competencia y se encuentra a la espera de la decisión del Gobierno para lanzar su opa.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, elevó el expediente al Consejo de Ministros tras la consulta pública realizada en mayo. Lo ha hecho con el apoyo de otros cuatro ministerios y tras reunir argumentos de asociaciones empresariales, sindicatos y particulares.
Su posición es que existen al menos cinco aspectos de interés general comprometidos con la opa. Son el “adecuado mantenimiento de los objetivos de regulación sectorial, la protección de los trabajadores, la cohesión territorial, la promoción de la investigación y de la tecnología, y los objetivos de política social”. El primero y el penúltimo aparecen citados en la propia Ley de Defensa de Competencia como “criterios de valoración sustantiva” para que el Gobierno intervenga.
Entre los juristas resulta mayoritaria la idea de que la ley permite al Gobierno poner condiciones, pero también la de que no puede prohibir la operación. Los propios reglamentos comunitarios reconocen la posibilidad de evocar el interés general, si bien unas exigencias demasiado estrictas podrían interpretarse como una prohibición de facto y dar argumentos al BBVA para recurrir.
El presidente del banco, Carlos Torres, ha ido más allá y anunciado que el BBVA tiene una interpretación algo diferente de la norma. Desde su punto de vista, el Gobierno solo puede mantener o suavizar lo pactado con la CNMC, de modo que cualquier condición sería susceptible de acabar en el Tribunal Supremo. No sería el primer litigio del Gobierno con la banca, que ya batalla en los tribunales contra el gravamen extraordinario del 2022 y el nuevo impuesto en vigor desde este año.
El BBVA no descarta ninguna opción. Podría aceptar las condiciones del Gobierno sin recurrirlas o aceptarlas al tiempo que las recurre. No contempla retirar la opa, al menos mientras entre dentro de sus parámetros de creación de valor.
Lanzar la opa mientras se acude a los tribunales obligaría a revisar el folleto y podría añadir incertidumbre al periodo de aceptación. Los analistas han insistido precisamente en la intervención política como el elemento que más amenaza los planes del BBVA.
Dentro del Gobierno, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha propuesto condiciones concretas, que incluyen un veto a los despidos y al cierre de oficinas. Estas dos exigencias pueden reducir las sinergias de 850 millones de euros al año previstas por el BBVA.
El BBVA ha recibido mayor apoyo desde el exterior. El FMI ha avalado la actuación de la CNMC y la Comisión Europea remitió un inusual mensaje para transmitir al Gobierno que no hay elementos para rechazar la opa y que usará sus poderes como “guardián de los Tratados” si fuera necesario.
Tras la decisión del Gobierno y si el BBVA decide seguir adelante, se activaría la oferta ante los mercados. La CNMV está preparada para aprobar el folleto e iniciar un periodo de aceptación de entre 30 y 70 días para que los accionistas del Sabadell decidan si canjean sus títulos.
