La obligación de llevar a cabo una evaluación de los riesgos laborales del lugar de trabajo es una norma establecida para la gran mayoría de trabajadores españoles desde el 1995, pero que un sector que ha estado tradicionalmente discriminado, las empleadas del hogar, estrenan hoy. Este viernes es cuando entra en vigor la obligatoriedad para que todos los empleadores registren en la página www.prevencion10.es una evaluación de riesgos del trabajo de la empleada del hogar que tengan contratada, con la consiguiente derivada de que, una vez identificados estos peligros, se reduzcan o se eliminen.
Está siendo un estreno difícil, porque la aplicación, aunque estaba abierta desde hace seis meses, ha experimentado grandes dificultades e incluso bloqueos en los últimos dos días. Primero fue lo que se planteó como una sobrecarga del sistema por el elevado flujo de usuarios que intentaban inscribirse en el último momento, pero a lo que luego se añadió ayer un ataque malicioso, según informó el Ministerio de Trabajo. Hoy viernes, la herramienta funciona, pero con algunas dificultades.
Arranque ajetreado que provocará que el Ministerio de Trabajo no aplique ninguna sanción a los empleadores por no inscribirse en el plazo requerido. La obligación se mantiene, pero habrá flexibilidad durante un periodo que no se precisa, vistas las dificultades que ofrece el sistema para proceder a cumplimentar el proceso.
Son en total más de 341.000 empleadas del hogar las que están inscritas en S.E. Hogar de la Seguridad Social, un sector claramente feminizado, con el 80% con más de 40 años y el 69% de origen extranjero o doble nacionalidad. Para completar la radiografía, desde Trabajo indican que 38.000 de estas trabajadoras son internas, muchas sin horarios ni respeto a la intimidad y con un salario que ronda los 1.014 euros al mes.
Dadas las características específicas del sector, la Inspección de Trabajo no puede acceder a los domicilios para asegurar que se cumplen las medidas, pero sí tiene la capacidad de reclamar documentación e investigar a partir de las denuncias. Las sanciones por incumplimiento pueden elevarse hasta los 49.180 euros en los casos más graves.
Con esta plataforma, Trabajo pone en marcha un segundo aspecto para la protección de las empleadas del hogar. El primero fue otorgarles en 2022 acceso al derecho a la prestación de empleo, aunque por razones prácticas, solo han podido utilizarlo plenamente a partir de este año.
En cambio, hay otros elementos todavía pendientes. Queda el protocolo de protección frente a la violencia y el acoso secual, que se está elaborando y que, según Trabajo, se publicará en próximas fechas; y también una plataforma que permita a estas trabajadores llevar a cabo una formación sobre riesgos del trabajo. Esta plataforma tendría que estar operativa a principios del 2026.
Otro elemento pendiente es el acceso a reconocimientos médicos gratuitos cuando se se hayan identificados riesgos, pero en este caso depende del Minsterio de Sanidad y todavía no se ha desarrollado el sistema.
