España es un caso prácticamente único en Europa por no contar con una norma que regule a nivel estatal las relaciones entre los cargos públicos y los grupos de interés. Esto deja un terreno muy amplio de actuación a los llamados ‘lobbies’, que han proliferado en los últimos año en esta especie de limbo legal. El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa lleva años advirtiendo a España de que debe regular esta falta de transparencia, un aviso que se intensificó este mismo año. Para fiscalizar estas relaciones entre empresas y políticos, el Gobierno negocia en el Congreso el proyecto de ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, dentro del “plan de acción para la democracia” anunciado por Pedro Sánchez hace más de un año. La iniciativa se encuentra en negociación parlamentaria.
De la CEOE a Acento. De Llorente y Cuenca a Kreab. De Harmon a Rud Pedersen. En España han proliferado decenas de empresas de lobby que, con epicentro en Madrid, se dedican a conectar a empresas nacionales y extranjeras con cargos públicos. Las empresas invierten millones de euros para intentar influir en la toma de decisiones. La actividad es totalmente legal. El problema es que está maquinaria de influencia (hay firmas del Ibex con casi una decena de compañías contratadas), que busca cambiar leyes y de la que forman parte antiguos políticos, incluidos varios exministros, y asesores de todos los partidos políticos, cuenta con parcial o total opacidad.
En los últimos años ha proliferado una maquinaria de influencia con varios expolíticos en nómina
La nueva ley de lobbies ha entrado en fase de enmiendas parciales en el Congreso. La propuesta del Gobierno contempla, en primer lugar, la creación de un registro de grupos de interés de ámbito estatal, de consulta pública y gratuito. La inscripción de las empresas será obligatoria. Pero el primer punto de desencuentro se encuentra en quién lo gestionará. El Ejecutivo plantea que lo haga la Oficina de Conflictos de Intereses dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública. Sin embargo, varias formaciones parlamentarias –PP, Sumar y Bildu- han planteado que la gestión corresponda a un organismo independiente, al estilo de la Autoridad Fiscal (Airef), que fiscalice estas relaciones.
El registro deberá contemplar los nombres de las personas que tratan de influir en cargos públicos en nombre propio o actuando en representación de empresas. Así, se podrá saber cuando una compañía energética o tecnológica se reúne con cargos de un ministerio en el transcurso de la tramitación de una ley.
Otro punto reseñable de la ley son las sanciones. El proyecto contempla tres tipos: muy graves, graves o leves. Ocultar las reuniones o no ser transparente en las actividades de influencia conllevará la denegación de inscripción en el registro público, de forma que la compañía podría estar vetada de cara a contactar con la administración. Podemos propone multas de hasta 600.000 euros.
En Catalunya ya existe una ley que regula la actividad del lobby. Por ello Junts ha planteado varias enmiendas con el objetivo de “salvaguardar las competencias y garantizar las exigencias del derecho europeo en esta materia”. Asimismo, al ser una ley relacionada con la administración pública, el grupo catalán ha reclamado la devolución de la gestión de los funcionarios estatales habilitados (secretarios e interventores) a la Generalitat y que los Jueces de Paz recuperen la competencia para celebrar matrimonios.
La ley en tramitación no aclara si los diputados o senadores entrarían dentro del “personal público susceptible de recibir influencia”. Para intentar que no queden excluidos Bildu ha presentado otra enmienda . En la norma también se considera que las patronales y los sindicatos “no tienen la consideración de grupo de interés”; tampoco los colegios profesionales, aunque el PP ha planteado que sí la tengan.
Con esta ley, cuyo destino aún no está claro, se podría conocer, por ejemplo, quién se dirigió a los cargos públicos para no aprobar el impuesto a las energéticas o quién introdujo la llamada “enmienda Aena” que supuso para el gestor un golpe de 1.500 millones. La ley no regula las llamadas “puertas giratorias” ni tampoco la modificación de la figura del aforamiento.
La CEOE, líder en defensa de sus intereses
El estudio de referencia sobre el lobby en España lo elabora la Universidad Complutense de Madrid, un trabajo que dirige el profesor Alfredo Arceo. La organización que destaca por la capacidad de defensa de sus intereses es la CEOE, seguida de Cepyme. Foment del Treball también aparece en los puestos altos de la tabla. Su punto fuerte es la transversalidad de su trabajo, abarcando a múltiples sectores empresariales, y la antigüedad de su actividad. En cuando a las consultoras privadas, el estudio de la Complutense sitúa a una modesta firma, Cariotipo, al frente del ranking de mejores consultoras. A continuación se sitúa Kreab, fundada en Suecia y con intensa actividad en España, o la antigua Reti España, hoy Rud Pedersen, que patrocina el estudio académico. Todas ellas cuentan con antiguos dirigentes de prácticamente todos los partidos políticos, bien en nómina o de forma externa. PSOE, PP, Junts, ERC… La clave es tener llegada en la política actual, de forma que en las compañías de lobby se dan cita hoy compañeros que en su día fueron rivales políticos
