Las empresas del sector público están empeorando sus plazos de pago y, por primera vez desde el 2014, tardan más que las privadas en responder a sus proveedores, según el informe anual presentado esta mañana en Madrid por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM).
Su presidente, Antoni Cañete, ha insistido en que, un año más, las empresas de uno y otro tipo siguen incumpliendo los plazos exigidos por la ley. La novedad de este año es que ha quedado en evidencia que “ni siquiera los Gobiernos cumplen con las normas que ellos dictan”.
El año pasado el plazo medio de pago del sector público aumentó en doce días hasta alcanzar los 67, mientras que entre las empresas privadas se redujo en seis, hasta una media de 64. La ley 15/2010 establece un total de 30 días para las administraciones públicas y de 60 para las empresas.
Otro de los cálculos de la plataforma es que al 61% de los proveedores se les imponen plazos de pago superiores a los permitidos por ley. Es una práctica ilegal que no acaba teniendo consecuencias, sobre todo porque el 92% de los proveedores no acaba exigiendo indemnización. En el 84% de los casos no se piden intereses de demora.
Para Cañete, el incremento en los retrasos de las empresas públicas resulta “alarmante”. La plataforma asegura que, según sus encuestas, más de la mitad de las empresas considera ya que la administración pública es la que más se demora en los pagos.
Los plazos medios de pago sobrepasaron el año pasado el periodo legal para el 76% de la administración local, para el 78% de los proveedores de la autonómica y para el 80% de los proveedores de la central.
