La corrupción no se combate indultando a quienes la practican. Verdad de la buena que da la razón a quienes se les ha indigestado la medida de gracia gubernamental aprobada en favor del exalcalde socialista de Linares Juan Fernández; el gestor cultural Natalio Grueso, y la expresidenta del Parlament de Catalunya Laura Borràs.
Como era de esperar, el grueso de las reacciones se han centrado en el perdón parcial a la expresidenta de Junts. Los independentistas son estupendos como pararrayos. Atraen, con razón o sin ella, toda la carga eléctrica que descargan las tormentas políticas, grandes o pequeñas.
Estamos ante la reparación de una injusticia. Nada menos, pero nada más
El indulto parcial a Borràs para que no entre en prisión sirvió ayer para una cosa y su contraria. Sin salir del PSOE, Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, lo vinculó al chantaje de los soberanistas. ¡Otra victoria de los secesionistas! ¡Otra bajada de pantalones de Pedro Sánchez para atraer de nuevo a los junteros al bloque de investidura y apurar las posibilidades de aprobar los presupuestos!
En cambio, desde el Gobierno, Óscar López veía todas las virtudes en la decisión del Consejo de Ministros. La justificaba relacionándola, sin ton ni son, con la normalización institucional y política derivada de la amnistía y los indultos otorgados en la anterior legislatura. Tanto uno como otro hicieron sus necesidades menores fuera del tiesto. Pero no por error, pues desbarrar en beneficio propio con Borràs como coartada era su propósito.
El indulto parcial a la militante de Junts es fruto de la insistente petición del TSJC que, en la misma sentencia en la que la condenó, expresaba con claridad que la pena de cárcel que se le imponía era la obligada por ley pero a todas luces desproporcionada. Con otras palabras añadía que el perdón parcial que podía otorgar el Gobierno serviría para reparar esa injusticia. Estamos ante el indulto más justificado de todos cuantos pueden otorgarse: el solicitado por la propia justicia cuando considera excesiva la pena que se ve obligada a imponer.
Este argumento bastaría para callar las bocas de García-Page, Óscar López y otros. Pero a quienes siguen viéndolo como fruto de una maniobra política, cabría recordarles también que el valor de uso de Laura Borràs, en aras a ganarse de nuevo el favor de Junts, es tendente a cero.
Más allá de la reparación de la propia injusticia que el TSJC reconoció cuando la condenó, no hay tras este indulto una lógica de negociación, menos de chantaje, Junts-Gobierno. Uno negocia con lo que considera valioso e imprescindible. Y, políticamente, Laura Borràs dejó de serlo para Junts cuando su secretario general, Jordi Turull, ejecutó con paciencia el plan para descabalgarla de la cabina de mando de su partido.
Consideraciones de otra índole deben hacerse al ministro Óscar López, muy dado a mezclar peras con manzanas. El caso Borràs nada tiene que ver con el proceso independentista o con la ideología de la ahora parcialmente indultada. Su condena fue por motivos más prosaicos: la adjudicación directa a un amigo de contratos públicos, previo troceo de los importes para poder encadenar encargos sin necesidad de concurso.
Ningún valor aporta a la reconciliación, ni a la normalidad institucional y política el perdón gubernamental para que la mujer no ingrese en prisión. Rectifica una condena excesiva a petición de quien se la impuso. Estamos ante la reparación de una injusticia. Nada menos, pero nada más. Ni chantaje independentista, ni aportación a la normalidad que sí lograron los indultos de la anterior legislatura o la ley de amnistía, con independencia del desaguisado en el que se convirtió esta última, primero en su negociación, después en su redacción y finalmente en su aplicación.
Uno está tentado de creer que el Gobierno sabía que indultando a Laura Borràs junto al resto, el foco acabaría iluminando la cuestión independentista. Y que eso convertiría en más masticable el perdón a un exalcalde socialista y a un gestor cultural que sí se enriquecieron personalmente con sus delitos, a diferencia de Borràs. Es ley que el independentismo sirva para rotos y descosidos. A veces, no siempre, sin querer. Es el caso.
