Desde este mes, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de Argentina exige a los contribuyentes declarar no solo si poseen criptoactivos, sino también la clave pública de sus wallets. Además, deben informar si los fondos están alojados en un exchange regulado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) o en una wallet de autocustodia. Esta obligación aplica a quienes tengan más de USD 200.000 en criptomonedas.
Con esa data, el organismo recaudador podrá rastrear movimientos y analizar el historial de transacciones de los usuarios, como reportó CriptoNoticias. Esto abre la puerta a un debate sobre la privacidad que trasciende las fronteras de Argentina, ya que podría sentar un precedente e inspirar regulaciones similares en otros países.
Si bien la declaración tiene un trasfondo voluntario —el organismo no tiene forma de saber si un contribuyente informó todas sus direcciones—, plantea un escenario en el que ahorrar criptomonedas obliga luego a blanquear los fondos para poder usarlos. A su vez, revelar la clave pública significa exponer todo el historial financiero del usuario al escrutinio del Estado, lo que representa una seria vulneración a la autonomía individual y debe figurar en el centro de la conversación.
Pero ese no es el único problema. En el mundo en el que hoy vivimos, nada ni nadie está exento de sufrir un hackeo. La posibilidad de que una base de datos gubernamental sea vulnerada y exponga las claves públicas vinculadas a los contribuyentes es completamente real. Con esos datos, cualquier atacante podría rastrear de forma precisa las transacciones realizadas en redes públicas como Bitcoin o Ethereum, identificando patrones de gasto, montos acumulados y conexiones entre distintas direcciones.
De hecho, este tipo de filtraciones no solo comprometerían la privacidad financiera de los usuarios, sino que también podrían poner en riesgo su seguridad personal. La exposición de esta información podría dar lugar a extorsiones, robos dirigidos o ataques coordinados.
El panorama demanda tanta cautela que basta con una rápida búsqueda en Internet para descubrir que, a principios de 2024, ciberdelincuentes accedieron a unas 82.000 claves fiscales de usuarios de la AFIP (hoy ARCA), las cuales terminaron circulando en bases de datos en la dark web.
Resulta especialmente decepcionante que este tipo de situaciones ocurran bajo un gobierno que se autodefine como libertario. El propio Javier Milei suele afirmar que él es de los pocos que pueden «resistir el archivo» —mantenerse coherente con sus ideas a lo largo del tiempo—, pero resulta que no hay que revisar mucho la hemeroteca para encontrar cosas que, cuanto menos, resultan curiosas.
En noviembre de 2024, en el evento Meta Day Argentina, el presidente arremetió duramente contra las Monedas Digitales de Banco Central (CBDC) y afirmó que «los individuos del mundo se habían cansado del señoreaje impuesto a dedo por los burócratas de turno, por lo que habían decidido utilizar medios de cambio autónomos al poder central». El mandatario se mostró categórico al resaltar: «No dejen que los estados se hagan cargo de las criptomonedas».
Mi pregunta es: ¿qué tan coherente resulta que Milei se oponga a las CBDC argumentando que hay que evitar a toda costa quedar bajo el radar del Estado, mientras su gobierno exige a los contribuyentes que declaren las direcciones públicas de sus billeteras? Como dirían mis amigos españoles: «Esto no hay por dónde cogerlo».
Para quien no lo sepa, la promesa de los Estados al presentar una versión digital del dinero fíat —que es algo así como «te traigo lo que te gusta de las criptomonedas, pero en un entorno seguro»— no es más que demagogia barata. Cada movimiento que hagas con una moneda digital emitida por el Estado queda registrado y vinculado a tu identidad. En otras palabras, el gobierno puede monitorear en tiempo real los hábitos de consumo de toda la población. Peor aún, queda la puerta abierta a la programación de restricciones: establecer en qué se puede gastar el dinero, cuánto, y hasta cuándo. Desde mi punto de vista, todas las CBDC deberían ser prohibidas.
En la práctica, lo que está haciendo el gobierno argentino se parece demasiado a las CBDC. Exigir la declaración de claves públicas y monitorear los movimientos financieros de los usuarios es una forma encubierta de vigilancia masiva, es atar cada transacción a una identidad y condicionar el uso de los recursos propios. Cambia el nombre, pero el resultado es el mismo.
No faltará quien defienda a capa y espada esta «administración libertaria», argumentando que en política no todas las normativas pueden reflejar nuestros principios, pero creo que este tipo de situaciones son una muestra más de cómo nuestros sistemas educativos deficientes terminan produciendo generaciones enteras de ciudadanos adormecidos. No hay que juzgar a ningún gobierno por sus funcionarios carismáticos ni sus discursos para la tribuna; el verdadero examen está en cómo los principios que se proclaman con tanto énfasis se traducen en decisiones concretas.
Lo que está en juego no es una discusión técnica sobre fiscalidad o criptomonedas. Si los gobernantes pueden imponernos la exposición de nuestra vida financiera bajo el pretexto de combatir la evasión, entonces la promesa de libertad se vuelve una ilusión. No se trata de defender la anarquía ni de negar la necesidad de reglas, sino de advertir que el control sin límites, venga del color político que venga, erosiona lentamente los márgenes de nuestra autonomía. Si los gobiernos que se proclaman libertarios terminan actuando como los más intrusivos, entonces quizás el verdadero problema no esté solo en las regulaciones… sino en nuestra disposición a aceptarlas sin cuestionarlas.
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