Las asociaciones que representan tanto a la banca tradicional, AEB, como a las antiguas cajas de ahorros, CECA, han presentado un recurso contencioso-administrativo contra el nuevo impuesto a la banca, con el que el Gobierno aspira a ingresar cerca de 2.000 millones de euros al año.
El nuevo impuesto, de carácter progresivo, puede gravar hasta el 7% de los ingresos de los bancos, aunque también incluye desgravaciones. Sustituye al gravamen temporal equivalente al 4,8% de los ingresos que aplicó el Gobierno de forma extraordinaria tras la guerra de Ucrania y que también se encuentra recurrido por los bancos.
Las asociaciones no pueden recurrir la ley que recoge el impuesto, la 7/2024, pero sí todos los hechos administrativos que la acompañan. La denuncia va contra la orden ministerial que aprueba los modelos de autoliquidación y pago fraccionado del nuevo gravamen.
Fuentes bancarias explican que lo que se ha presentado es un escrito formal anunciando el recurso, sin especificar por el momento los motivos de fondo ni los artículos que, desde el punto de vista de sus abogados, se vulneran.
“Graves efectos económicos” y “merma competitiva” en Euroà
Según dice, lo hacen ante los “graves efectos económicos que provoca un impuesto que impacta negativamente en la financiación de familias y empresas, la inversión y el conjunto de la economía”. A diferencia del anterior, este impuesto sí puede repercutirse sobre los clientes finales.
Los bancos aseguran que provocará un “perjuicio al conjunto de la economía” y destacan que la banca española es “la única gravada por un impuesto de este tipo en Europa, lo que supone una merma competitiva respecto al resto de entidades bancarias europeas”.
Entre sus argumentos, esgrimen el pronunciamiento del BCE en contra de su aplicación y la limitación de “la capacidad de las entidades de conceder crédito”. Podría tener además “consecuencias imprevistas para la solvencia y la competitividad de las entidades de crédito”.
