Los constantes cambios en la fiscalidad generan “inseguridad jurídica”, demuestran una “improvisación” en la normativa e impiden una correcta planificación y toma de decisiones. Con ello “se debilita la confianza en el sistema tributario”, ha denunciado Miguel Ángel Vázquez Taín, presidente del Consejo General de Economistas de España, al presentar este martes del Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2026, elaborado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales del CGE (REAF-CGE).
Con cambios continuos y el impacto que generan, “se hace necesaria una reflexión sobre el modelo tributario que queremos y en qué medida cumple o debe cumplir los principios básicos de cualquier sistema tributario en términos de equidad, estabilidad, simplicidad o transparencia”. Agustín Fernández, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGE), ha insistido en una “inseguridad absoluta, falta de previsión, improvisación en la aplicación o no de la norma”.
Más de un millar de modificaciones en tributos cedidos
En algunos casos, los cambios quedan pendientes de aprobación, se derogan, caen de forma transitoria o llegan a destiempo y con las campañas iniciadas, se denuncia. El ejemplo repetido ha sido una nota aclaratoria para el régimen de estimación objetiva, publicada el 1 de abril “con el plazo ya iniciado para presentar las autoliquidaciones trimestrales”, ha señalado Fernández. “Es un reflejo de la situación legislativa, que deriva de la situación política, que nos preocupa mucho”, ha añadido.
Los cambios provocan a su vez que haya cada vez más diferencias entre autonomías. IRPF, donaciones, patrimonio, transmisiones patrimoniales… “Hay una divergencia importante entre territorios”, ha señalado Vázquez Taín. “No tiene por qué ser negativo que la carga fiscal dependa de dónde uno vive, pero hay que ver hasta qué punto esas diferencias intentan suplir deficiencias del sistema de financiación autonómico”, ha planteado. De ahí que se pida comparar la fiscalidad con el gasto público y la eficiencia. El presidente del organismo pide renovar el sistema de financiación porque “el modelo actual está más que superado, no es eficiente, no es equitativo, no es coherente”, ha reiterado.
Tomando como base el IRPF, el tramo estatal va del 9,5% al 24,5%, algo que ninguna autonomía replica. Esto provoca que los tramos más altos varíen ampliamente, desde el 45% de Madrid al 54% de la Comunidad Valenciana. Los profesionales del sector han detectado hasta 1.175 cambios en tributos cedidos a las autonomías el último ejercicio, entre ellos 402 en el IRPF. En este último tributo es muy común la aplicación de nuevas deducciones. “Muchas veces son más nominativas que efectivas, porque a veces pocos pueden aplicarlas porque hay muchos requisitos”, advierte Rubén Gimeno, secretario técnico del REAF-CGE.
La deflactación, una cuestión pendiente
Como en años anteriores, se sigue poniendo el foco en la no deflactación de las tarifas. Es decir, ajustarlas para que las subidas salariales para compensar el incremento de la inflación no hagan que el contribuyente salte de tramo y enfrente una mayor fiscalidad, cuando realmente su capacidad económica no ha aumentado. Desde el 2022, con el inicio de la crisis inflacionaria por la invasión de Ucrania, los salarios han avanzado un 18,1%, pero la inflación un 15,8%, por lo que apenas se gana poder adquisitivo.
Además de no cambiarse la tarifa estatal, tampoco se han cambiado los mínimos personales y familiares. Esto provoca una tributación en exceso de unos 250 euros para salarios de 25.000 euros, unos 350 euros para rentas de 30.000 euros o unos 525 euros en salarios que tocan los 45.000 euros brutos. “A mayor renta, mayor ahorro”, ha expuesto Raquel Jurado, técnica del REAF-CGE.
